El Consejo de Ministros español aprobó este martes una reforma integral de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que refuerza significativamente los derechos de los menores en el sistema judicial y administrativo del país ibérico.
La modificación, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, establece que el testimonio de niños y niñas deberá ser considerado en todos los procesos judiciales y administrativos que los involucren, eliminando cualquier límite de edad para ser escuchados. Esta medida representa un cambio paradigmático en el tratamiento legal de los menores.
La ministra Sira Rego justificó la reforma señalando que "España tiene una deuda con la infancia por haber dudado durante años de su palabra y haber criminalizado a las madres protectoras". La funcionaria enfatizó que se trata de "una cuestión de justicia" que busca garantizar entornos libres de violencia para la población infantil.
Entre los aspectos más destacados de la nueva normativa se encuentra la prohibición expresa del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un argumento frecuentemente utilizado en tribunales durante disputas por custodia de menores, especialmente contra mujeres. Aunque la ley vigente ya contemplaba esta prohibición, en la práctica su aplicación continuaba permitiéndose.
La reforma establece que ningún informe público o privado que utilice el SAP como argumento podrá presentarse en procesos judiciales o administrativos. "Se acabó la utilización de una herramienta que ha servido para desacreditar y criminalizar a las madres protectoras y a las infancias", declaró Rego.
Otro punto central de la modificación legal es la obligatoriedad de justificar expresamente en todas las resoluciones cómo se ha valorado el interés superior del menor y de qué manera la medida adoptada protege su bienestar físico, emocional y psicológico. La norma establece claramente que "estar con un agresor o presunto agresor no puede considerarse interés superior del menor".
La ley también endurece los requisitos para quienes deseen trabajar en profesiones que impliquen contacto habitual con menores. Será indispensable no tener condenas vinculadas a delitos contra la infancia o adolescencia, reforzando así los mecanismos de protección en ámbitos educativos, deportivos y sociales.
Paralelamente, el Consejo de Ministros aprobó el informe sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia hacia las Infancias correspondiente a 2023 y 2024, que revela que el 90% de las medidas ya están en marcha, aunque persisten desafíos como las desigualdades territoriales y la falta de especialización en la judicatura.
La reforma responde a estas carencias fortaleciendo la prevención, agilizando el reconocimiento de víctimas y mejorando la formación profesional, además de facilitar el acceso a la justicia con turnos de oficio especializados. Rego destacó que "la ley reconoce a niños y niñas como sujetos de derechos y no como ciudadanía en espera".
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