El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, dio por consumada la reforma constitucional que elimina la competencia electoral y extiende el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La convocatoria desplaza las elecciones previstas para noviembre de 2027 y excluye a los opositores desterrados, a quienes el régimen llama traidores a la patria o golpistas.
Ortega y Murillo acumulan 19 años en el poder, mientras el régimen mantiene al menos 60 presos políticos, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
La dictadura ha sido señalada por asesinatos, privación de nacionalidad y represión transnacional contra nicaragüenses críticos de su gestión.
Porras hizo las declaraciones durante la segunda fase de las consultas sobre la reforma, un mecanismo oficialista en el que participaron allegados al poder, hijos de Ortega y funcionarios leales.
La Asamblea reunió a 14 agrupaciones, entre ellas a los representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional: el secretario de Organización, Fidel Moreno, y el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada legislativa.
Los otros 13 partidos integran un sistema político que sostiene una oposición formal al régimen, pero que en la práctica colabora con él y contribuye a legitimar sus decisiones.
Ante esos dirigentes, Porras reafirmó que habrá elecciones y sostuvo que quienes queden fuera serán los sectores opositores: “Hay que dejar claro que va a haber elecciones, dejar claro que nos tenemos que preparar para el 2028. Dejar claro que los que no van a participar en esas elecciones son los que han atentado contra todos nosotros: el golpismo”.
La reforma fue aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre y modifica los artículos 12, 47, 122, 123, 130, 132, 142, 143, 150, 152, 155, 164 y 166 de la Constitución Política. Para entrar plenamente en vigor, necesita una ratificación en segunda legislatura.
El cambio amplía de seis a siete años los mandatos de los copresidentes, los cargos de elección popular, las jefaturas del Ejército y la Policía, además de los puestos de designación ejecutiva y legislativa.
Ortega anunció que la segunda aprobación se realizará el 18 de enero de 2027, en el marco de la reforma constitucional.
Porras habló horas después de que Natasha Franceschi, embajadora nominada por Estados Unidos para Nicaragua, declarara ante el Senado que, si su designación es confirmada, mantendrá la presión diplomática sobre el régimen.
La exclusión electoral alcanza a los dirigentes y militantes de los partidos opositores que fueron encarcelados, expulsados del territorio o despojados de su nacionalidad tras la represión. El régimen también canceló las personerías jurídicas de las organizaciones políticas en las que participaban.
El presidente de la Asamblea cuestionó a quienes reclaman una intervención militar contra Nicaragua, en alusión a pedidos de sectores opositores como el Movimiento Campesino Anticanal: “Pidiendo que nos invadan. Es como que pidiendo intervención militar, como que si las armas tienen nivel de selectividad, es decir, eso es un desastre”.
Porras figura entre 54 funcionarios señalados por la represión contra la población nicaragüense en 2018, según informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019, la respuesta estatal a las protestas dejó 355 personas asesinadas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su participación en la represión, Porras fue sancionado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Reino Unido.
Con información de: Infobae, sobre la reforma constitucional de Nicaragua.
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