El Ministerio de Economía nacional y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un acuerdo para cancelar la deuda generada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. La solución contempla la transferencia de una cartera de bonos con vencimiento de siete meses, que regulariza los fondos pendientes y restablece la normalidad en las cuentas fiscales porteñas.
El proceso de negociación se inició tras los retrasos en las transferencias que debían realizarse en cumplimiento del acuerdo de septiembre de 2024. Ese pacto se produjo bajo supervisión judicial, luego de que la Corte Suprema de Justicia reconociera a la Ciudad un coeficiente del 1,55% en la distribución de la coparticipación, sumándose al 1,4% ya transferido automáticamente para alcanzar un total del 2,95%.
La Corte Suprema había dictado una medida cautelar a fines de 2022 que establecía la obligación del Gobierno nacional de transferir estos fondos de manera diaria a través del Banco Nación. Sin embargo, la administración de Alberto Fernández no realizó los pagos correspondientes en tiempo y forma, lo que llevó a la Ciudad a aceptar transferencias semanales desde el Tesoro nacional.
En los primeros meses posteriores al acuerdo de septiembre de 2024, el Gobierno nacional cumplió con el pago de los fondos comprometidos. No obstante, a partir de julio pasado, los pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló una deuda significativa que motivó nuevas instancias de diálogo entre los equipos técnicos y políticos de ambas jurisdicciones.
El conflicto por la coparticipación tuvo su origen en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández dispuso mediante el Decreto 735/2020 una reducción del porcentaje asignado a la Ciudad del 3,5% al 2,32%. Posteriormente, el Congreso nacional sancionó la Ley 27.606, que redujo aún más ese coeficiente al 1,40% básico, sumando un monto fijo destinado a Seguridad.
Esta medida generó un reclamo inmediato de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró inconstitucional la quita de recursos. La disputa escaló al ámbito judicial hasta que la Corte Suprema resolvió a favor de la Ciudad, estableciendo el coeficiente del 1,55% adicional. Sin embargo, la administración nacional anterior no acató el fallo y no transfirió los fondos según lo dictado por la Justicia.
La normalización de la deuda actual forma parte del presupuesto 2026 de la Ciudad, que ya contemplaba la posibilidad de un acuerdo para regularizar los pagos atrasados. El entendimiento alcanzado no incluye el pago de los USD 6.000 millones que la Ciudad reclama por la quita de recursos desde 2020, monto que corresponde a fondos no transferidos tras la reducción del coeficiente de coparticipación implementada por el gobierno anterior.
Las autoridades porteñas mantienen vigente el reclamo por la cancelación de los recursos que consideran legítimos desde la reducción dispuesta por Alberto Fernández en plena pandemia. Este monto de USD 6.000 millones sigue sin resolución y representa un punto de tensión que continuará en disputa judicial y administrativa, mientras que el acuerdo actual solo resuelve la deuda del último año operativo.
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