Una tragedia conmociona al partido de Escobar tras la muerte de Renata Victoria Aris Fajka, una adolescente de 13 años con discapacidad que se ahogó en la piscina de un centro terapéutico en Ingeniero Maschwitz. El caso, que ya tiene tres imputados, reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad en instituciones especializadas.
El episodio ocurrió durante una actividad recreativa en un establecimiento destinado a menores con discapacidad. Según la reconstrucción preliminar, la joven participaba de una jornada en la pileta cuando perdió la vida por ahogamiento. El personal del centro intentó reanimarla con maniobras de RCP, pero llegó sin signos vitales al centro de salud.
Ignacio Aris, padre de la víctima, apuntó directamente contra la institución por presunta negligencia. "Se supone que es un lugar preparado para chicos con discapacidad y la dejaron sola", denunció con dureza. El hombre subrayó que su hija tenía limitaciones motrices que le impedían nadar sin asistencia profesional.
Las cámaras de seguridad del establecimiento serían clave en la investigación. Según el testimonio paterno, las imágenes mostrarían que la adolescente quedó sin acompañamiento dentro de la pileta y que los guardavidas no reaccionaron a tiempo. "Se ahogó por falta de atención", reforzaron otros familiares de la víctima.
La Justicia caratuló el caso como homicidio culposo e imputó a tres empleados: una guardavidas y dos cuidadores, sospechados de haber incumplido sus deberes de cuidado. Los investigadores analizan testimonios y registros audiovisuales para determinar si se respetaron los protocolos de seguridad en un ámbito especialmente sensible.
El caso pone bajo la lupa las condiciones de supervisión en centros terapéuticos del conurbano norte. Ingeniero Maschwitz, localidad del partido de Escobar con cerca de 40.000 habitantes, cuenta con varios establecimientos especializados en atención de personas con discapacidad que atienden a familias de toda la zona norte del Gran Buenos Aires.
La familia de Renata exige que se determinen responsabilidades y se tomen medidas contra el establecimiento. El caso reavivó el debate sobre los controles estatales en este tipo de instituciones, mientras avanza una investigación que podría derivar en cambios normativos para reforzar la seguridad de los menores con discapacidad.
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