La mudanza de la cárcel de Devoto dejó un dato concreto: la mayoría de los internos ya fue trasladada a los nuevos pabellones de Marcos Paz, construidos por el Gobierno porteño.
El penal, emplazado en tierras federales, abre un período de incertidumbre sobre qué pasará con los edificios si son demolidos. Una parte de la parcela es reclamada desde hace décadas por el Club Lamadrid.
El espacio está detrás del arco del lado oeste del estadio, donde funciona un taller para vehículos del Servicio Penitenciario Federal y la División Suministros. Se ingresa por Pedro Lozano.
El predio tiene un lateral sobre Bermúdez y, según los socios, quedó en manos de la cárcel en 1963. Los fundadores habrían iniciado allí actividades antes de construir la cancha y otras instalaciones.
En 2018, cuando Horacio Rodríguez Larreta anunció el fin de la cárcel, los socios y directivos del club dieron visibilidad al reclamo. Ahora, con más de 1.400 internos trasladados, no quieren perder el tiempo.
Para el club, la devolución del predio sería el puntapié inicial para su desarrollo y para la vida social del barrio. La institución está afiliada a la AFA y fue fundada en 1950.
La historia del penal y el club quedó en el libro Carceleros, de Marcelo Izquierdo. Relata que las socias de la pileta recibían groserías de presos y que, durante la última dictadura militar, helicópteros aterrizaban sobre la cancha.
También cuenta que de esos helicópteros bajaban presos políticos con las caras tapadas, antes de ser ingresados al penal. Hay una anécdota de un preso que, al salir, se hizo directivo del club.
El proyecto de 2018 preveía espacios verdes y edificios de 4 pisos donde está la cárcel. En ese momento, el PRO gobernaba la Ciudad y el país, y un traspaso de tierras podía resolverse con un acuerdo sencillo.
Hoy, cuando el penal quede vacío, pasará a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que decidirá si lo vende o lo demuele. El predio está catalogado como Urbanización Futura.
Para avanzar con un proyecto inmobiliario se necesita una ley de doble lectura de la Legislatura. Parte de lo obtenido por la venta debería pagar a la Ciudad la inversión de Marcos Paz.
La normativa porteña exige que el 65% del terreno se destine a espacio público. Además, hay pedidos para preservar el pabellón séptimo, donde una represión mató a 65 internos.
Por los trámites, el futuro del predio recién podría resolverse el próximo año. Con elecciones en el horizonte, las demoras podrían ser más prolongadas, aunque el reclamo histórico de vecinos y socios busca no pasar desapercibido.
Con información de Clarin - Ciudades.
Comentarios