El Gobierno prepara un decreto de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada, con un texto fechado el 5 de octubre y firmado digitalmente por Maximiliano Fariña.
La medida llega de cara a la campaña electoral y, según el presidente Javier Milei, forma parte de la plataforma para achicar el Estado. El decreto aún no fue oficializado en el Boletín Oficial.
El texto se conoció porque ATE accedió al expediente EX-2026-93338964-APN-CGDYD#MDYTE, en trámite, y se firmaría en próximas horas. Fariña es secretario de Transformación del Estado y Función Pública y número dos de Federico Sturzenegger.
Según cálculos oficiales, el universo alcanzado sería de 21.187 trabajadores, con alrededor de 2.187 adhesiones y un costo inicial de entre $116.500 y $130.000 millones. El plan está destinado a planta permanente y contratados por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
El decreto incluye compensaciones que podrán alcanzar hasta 20 sueldos por antigüedad, más un adicional de hasta cinco salarios, según la situación de cada agente. Quienes adhieran tendrán prohibido volver al Sector Público Nacional durante ocho años.
El esquema divide a los empleados en tres grupos según edad y situación previsional. Para mujeres de 58 años o más y hombres desde los 63 que no cuenten con aportes suficientes, se ofrecen dos alternativas.
Podrán cobrar mensualmente el 60% de su remuneración hasta alcanzar las condiciones jubilatorias, con un máximo de 36 meses, o elegir un pago equivalente a un sueldo por cada año de antigüedad. En la modalidad mensual, el Estado continuará pagando los aportes previsionales y de obra social.
Para mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 que ya cuenten con al menos 30 años de aportes, el retiro contempla un sueldo por cada año de antigüedad, con un límite de 18 salarios o los meses restantes hasta la jubilación.
Quedarán excluidos, entre otros, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en actividad, la Secretaría de Inteligencia de Estado y el Servicio Exterior.
También quedan fuera el Sistema Federal de Manejo del Fuego, los cuerpos artísticos nacionales y los cargos docentes.
Desde noviembre de 2023 hasta agosto pasado, se discontinuaron 74 mil contratos en el Estado. Aunque figuraban como planta transitoria, en miles de casos funcionaban en los hechos como planta permanente.
El presidente Javier Milei dijo durante su exposición en el Consejo de las Américas que, si dijo que iba a achicar el Estado, los salarios públicos tendrían que caer. La frase resume el tono de la medida.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió el texto en redes y lo calificó de despido extorsivo. Señaló que no hay voluntad cuando la opción es firmar o quedarse en la calle sin laburo y sin obra social.
El gremio minoritario adelantó que estudia nuevas medidas de fuerza. Semanas atrás, trabajadores de ATE tomaron el edificio de la obra social de los militares ante el anuncio del cierre de hoteles. Aguiar también criticó que se contratan por millones a consultoras amigas de Sturzenegger.
Desde la mayoritaria UPCN, a cargo del referente de la CGT Andrés Rodríguez, no hicieron declaraciones. El plan está destinado a planta permanente y contratados por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la medida llega en un contexto de reducción del Estado y tensión sindical, aunque el decreto no detalla sedes específicas.
Comentarios