La fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, a cargo de la UFI N°6 de Moreno - General Rodríguez, solicitó embargos para los padres de alumnos identificados como responsables de amenazas de tiroteos en escuelas del distrito.
La investigación logró identificar a siete menores, dos de ellos de 16 años y por lo tanto punibles, tras la ola de 70 denuncias de directores de establecimientos educativos registradas solo el jueves pasado. Como resultado, la DDI local realizó este martes siete allanamientos, algunos de ellos positivos.
Durante los operativos, los agentes secuestraron armas que habrían sido exhibidas en redes sociales como amenaza por los estudiantes investigados. También incautaron celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos que serán peritadas para determinar el alcance de las intimidaciones.
Los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública y citados a indagatoria para este miércoles. "Tienen que venir con sus padres", detalló una fuente del caso, remarcando que se trata de menores bajo responsabilidad parental.
El embargo debe ser dispuesto por la jueza de Garantías del Joven Mirta Guarino. El monto del daño ocasionado será establecido por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, considerando los gastos de las investigaciones, procedimientos policiales y cambios de protocolos en las escuelas.
"En estos casos, las clases no se suspendieron", remarcaron las fuentes judiciales. Sin embargo, se tomarán en cuenta todos los costos operativos que generaron las amenazas, siguiendo el modelo aplicado en casos de amenazas de bomba entre 2018 y 2019.
La medida se enmarca en una tendencia nacional donde varios distritos resolvieron hacer cargo a las familias por los costos de los operativos de seguridad. El gobierno de Santa Fe calculó que el despliegue policial en un establecimiento educativo oscila entre cinco y seis millones de pesos por procedimiento.
Según el artículo 1754 del Código Civil y Comercial, "los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos". Esta normativa permite a la Justicia trasladar los costos a los responsables legales de los menores.
La Justicia de Mar del Plata también adoptó medidas similares, con el fiscal general Fabián Fernández Garello comunicando a los fiscales del Departamento Judicial que los padres deberán afrontar gastos de operativos y posibles daños.
Las amenazas pueden dejar antecedentes negativos para los involucrados al solicitar permisos de viaje o certificados, agregando consecuencias a largo plazo para las familias de los menores identificados.
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