Un caso de desobediencia militar en Colombia está siendo analizado por expertos en seguridad electoral argentinos, tras la detención de un oficial y un suboficial del Ejército colombiano que se negaron a cumplir una orden de despliegue en zona de alto riesgo durante las elecciones del 31 de mayo.
Los militares fueron capturados en la madrugada del día de los comicios por agentes de la Dijín, tras negarse a movilizarse al municipio de Los Andes Sotomayor, en el noroccidente de Nariño, donde debían reforzar la seguridad electoral junto a 32 soldados profesionales.
Durante la audiencia de legalización de captura, el teniente y el suboficial explicaron que su negativa se debía a que no habían concluido el reentrenamiento exigido y a la preocupación por la seguridad del personal bajo su mando. Según los militares, en la región operan al menos seis grupos armados ilegales.
Los capturados pertenecen a la unidad EXDE, especializada en detección y neutralización de minas antipersonal y artefactos explosivos. Su presencia era clave para garantizar la seguridad de las rutas electorales durante la jornada democrática en el marco del Plan Democracia.
El caso cobra relevancia en Argentina, donde las Fuerzas Armadas también participan en operativos de seguridad electoral, especialmente en provincias con conflictividad social. Expertos militares argentinos consultados señalan que el protocolo nacional establece que ningún despliegue se realiza sin el entrenamiento completo del personal.
La situación en Nariño se agravó por amenazas de las disidencias de las FARC, que condicionaron la movilidad de la población civil mediante un sistema de carnetización y certificados electorales distribuidos por el propio grupo armado.
Según un audio revelado por medios colombianos, un presunto cabecilla de la subestructura Franco Benavides instruyó a sus milicianos a exigir certificados electorales para permitir el ingreso a centros poblados. Esta práctica se ha extendido en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Meta.
El fiscal del caso solicitó la imposición de medida de aseguramiento para los militares detenidos, mientras que la Brigada 23 del Ejército no ha emitido comunicado oficial sobre el caso. La decisión judicial sobre su situación aún no se ha hecho pública.
En Argentina, el Código de Justicia Militar establece sanciones similares para casos de desobediencia, aunque los protocolos de seguridad electoral priorizan el entrenamiento completo antes de cualquier despliegue en zonas de riesgo.
Comentarios