Una paradoja política sacude los pasillos de Tribunales: el gobierno de Javier Milei envió al Senado pliegos con postulaciones para el Poder Judicial de personas vinculadas a Justicia Legítima, la agrupación que nació en 2013 con el objetivo de reformar la justicia pero terminó siendo funcional al proyecto kirchnerista.
La historia de Justicia Legítima comenzó en abril de 2013 con una presentación que colmó uno de los salones de la Biblioteca Nacional. Más de 200 personas de la justicia firmaron aquella primera solicitada, incluyendo a la entonces procuradora General Alejandra Gils Carbó, la defensora general Stella Maris Martínez y el juez Alejandro Slokar.
El objetivo inicial era noble: reconciliar al sistema judicial con la ciudadanía y ofrecer una alternativa progresista a lo que llamaban "la familia judicial", representada por la Asociación de Magistrados. Sin embargo, el proyecto se desvió cuando el gobierno de Cristina Kirchner propuso la controvertida "democratización de la justicia" y Justicia Legítima decidió apoyarla.
Esa decisión provocó la primera sangría de adeptos, ya que muchos integrantes objetaron que la iniciativa buscaba cooptar al Poder Judicial con fines políticos. Quienes habían firmado la solicitada original quedaron marcados, y la agrupación comenzó a ser vista como un brazo judicial del kirchnerismo.
La entidad mantuvo su vigencia logrando nombramientos estratégicos de jueces, fiscales y defensores oficiales por su cercanía con el poder político de turno. Incluso tuvo representación en el Consejo de la Magistratura a través de la lista Celeste, que también sufrió divisiones internas.
Las presidencias de Justicia Legítima estuvieron a cargo de dos mujeres que luego ocuparon cargos en gobiernos kirchneristas: Cristina Caamaño, quien fue funcionaria del Ministerio de Seguridad e interventora de la AFI, y María Laura Garrigós de Rébori, que dirigió el Servicio Penitenciario Federal durante la gestión de Alberto Fernández.
Ahora, la agrupación vuelve a ser noticia por los pliegos enviados por Milei. Uno de los postulados es Juan Manuel Mejuto, propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital. Mejuto, firmante del comunicado original de Justicia Legítima, es secretario del TOF 5 y mano derecha de Daniel Obligado, uno de los jueces que en 2021 sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces.
Otro caso es el de Hernán Figueroa, también firmante de la histórica solicitada de 2013. Actualmente se desempeña como defensor público en el fuero Penal Económico y recientemente se pronunció contra la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno nacional.
La situación genera interrogantes sobre la coherencia del oficialismo, que durante la campaña electoral criticó duramente la politización de la justicia pero ahora propone para cargos judiciales a personas con vínculos directos con la agrupación que más se identificó con el proyecto judicial kirchnerista.
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