Una decisión inédita en la historia democrática argentina sacudió este jueves el mundo periodístico: el gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, alegando razones de seguridad por espionaje ilegal.
La medida, confirmada por altas fuentes del Ejecutivo nacional, implica que ningún cronista puede ingresar al edificio de Balcarce 50 para cubrir las actividades presidenciales. 'Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal', explicaron desde el gobierno a Clarín.
La decisión se enmarca en una denuncia de Casa Militar contra un programa de televisión, aunque las autoridades no precisaron detalles sobre el caso específico que motivó esta drástica resolución. Lo cierto es que se trata de una medida sin precedentes en la democracia argentina, e incluso durante la última dictadura militar.
Según reconstruyeron fuentes oficiales, el gobierno optó por 'dejar sin efecto la prórroga' de las acreditaciones que habían vencido el 31 de marzo y fueron extendidas durante abril mientras se completaba el nuevo proceso de acreditación. Ahora, ese proceso quedó suspendido indefinidamente.
La medida genera un vacío informativo inédito en la cobertura presidencial, ya que los medios porteños y del Gran Buenos Aires que cubren diariamente la actividad política nacional se ven imposibilitados de acceder a fuentes directas en el corazón del poder ejecutivo.
Desde la vuelta de la democracia en 1983, ningún gobierno había tomado una decisión de tal magnitud contra la prensa acreditada. Incluso durante las crisis más profundas - como el 2001 o los conflictos con medios durante el kirchnerismo - siempre se mantuvo el acceso de los periodistas a Casa Rosada, aunque fuera con restricciones puntuales.
Las fuentes consultadas admitieron no saber hasta cuándo regirá esta medida 'preventiva', lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la cobertura periodística presidencial. La decisión impacta directamente en los medios con sede en Ciudad de Buenos Aires, epicentro de la prensa política nacional.
La medida se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno libertario y diversos sectores de la prensa, con antecedentes de declaraciones críticas del presidente Milei hacia periodistas y medios de comunicación durante sus primeros meses de gestión.
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