El Gobierno pule un paquete de leyes para agravar penas y busca convertir el discurso de mano dura en un eje de la campaña presidencial.
La iniciativa avanza en paralelo a la reforma integral del Código Penal, que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anticipó que podría enviarse “el año que viene” o “ya en 2028”, en un eventual segundo mandato de Javier Milei.
El borrador establece figuras contra motochorros y trapitos, castiga con mayor dureza las entraderas a domicilios o salideras bancarias y sanciona penalmente al extranjero que ingrese ilegalmente a la Argentina.
También, en el texto al que accedió Clarín, se plantea un aumento general de penas para delitos vinculados al narcotráfico.
En el Ejecutivo siguieron con atención los cuestionamientos a jueces garantistas y al kirchnerismo que cobija a esos magistrados.
El proyecto, elaborado por el equipo de Justicia, ya pasó por el despacho de Karina Milei, que debe definir los tiempos para girarlo al Congreso.
La escala previa será en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, mano derecha de Santiago Caputo.
Desde que Karina se apoderó del área Justicia, la discusión sobre la reforma del Código Penal se entremezcló con la interna entre las dos facciones y las opiniones técnicas se contaminaron de las diferencias políticas.
El asesor sostuvo la necesidad de hacer una reforma amplia y refundacional, mientras que la tropa karinista aconseja cambios puntuales, que no puedan ser objetados por la oposición o que impliquen un costo político para quienes los rechacen.
Creen que puede ser el eje central para confrontar con Axel Kicillof, el rival favorito para 2027.
“Es todo ganancia”, resume uno de los armadores políticos. Todavía no está claro si Caputo revisó su postura en este contexto en el que el Gobierno entiende que está sacando ventaja de la discusión por la baja de edad de imputabilidad.
Entre las novedades, el articulado pone el foco en el robo de motochorros. Se establece que el uso de un vehículo para facilitar un robo pasa a ser un agravante y eleva la pena hasta 15 años de prisión.
En el mismo sentido, se agravan las penas para los robos cuando el delito se comete en momentos de vulnerabilidad de la víctima, como al entrar o salir de su casa o de un banco: de 5 a 15 años.
El texto también aborda el problema de los trapitos. Mientras en algunos distritos sigue siendo una contravención, el Gobierno busca crear un delito específico para quien cobre dinero por “cuidar” autos en la vía pública sin autorización y fija una pena de hasta 3 años de prisión.
La pena se eleva a 6 años si hay violencia o si ocurre en eventos masivos.
Y llega hasta 8 años cuando se trata de una organización o si se usan armas.
Las “viudas negras”, otro flagelo de los últimos años, se incorporan como agravante: el uso de drogas u otras sustancias para anular la voluntad de la víctima y consumar el robo, tendrá penas de hasta 12 años de prisión.
Para un funcionario que intervino en el proyecto, “el cambio más revolucionario es que la víctima deja de ser un convidado de piedra para convertirse en el eje del sistema”.
Se le dará “voz obligatoria” en el proceso, de manera tal que deberá ser oída por los magistrados que intervienen antes de cualquier decisión.
Esto generará un claro contraste con comportamientos discrecionales de los jueces, como el caso de Laura De Marinis, quien no escuchó a la víctima del menor de 14 años que le había intentado robar en pleno Palermo.
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