El Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles el concurso para cubrir dos lugares estratégicos en la Cámara Federal de Comodoro Py, actualmente ocupados por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La decisión, tomada por 15 votos a favor contra cinco en contra del bloque kirchnerista, habilita al gobierno de Javier Milei a designar magistrados en un tribunal clave para las causas de corrupción.
La votación contó con el respaldo del presidente del Consejo y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, junto a representantes del oficialismo y la oposición no kirchnerista. El resultado refleja la correlación de fuerzas actual en el organismo, donde el kirchnerismo quedó en minoría tras los cambios en la composición legislativa.
Se aprobaron dos ternas para los cargos vacantes. La primera incluye a Fernando Poviña (juez federal de Tucumán cercano al peronismo), Agustina Rodríguez (coordinadora de la UFEM) y Pablo Yadarola (juez en lo Penal Económico y amigo del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques). La segunda terna está conformada por Julio César Di Giorgio (juez de tribunal oral de La Matanza), Cecilia Incardona (fiscal federal de Lomas de Zamora) y el propio Bertuzzi.
Según los acuerdos políticos anticipados, el gobierno de Milei elegiría a Yadarola y Bertuzzi para enviar sus nombres al Senado. Esta decisión consolidaría el control oficialista sobre un tribunal que tramita las principales causas de corrupción del país, incluyendo expedientes que involucran a dirigentes kirchneristas.
La sesión estuvo marcada por la polémica. El sector kirchnerista cuestionó que Bertuzzi haya ascendido del puesto 21 al sexto lugar tras la entrevista personal, y presentó un dictamen alternativo excluyéndolo de la terna. También reclamaron que se avance con todos los concursos de jueces trasladados, no solo el de la Cámara Federal, tal como ordenó la Corte Suprema en 2020.
Por su parte, Bruglia objetó formalmente el proceso. Previo al plenario, el magistrado presentó una nota ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando la suspensión del concurso, argumentando que su designación fue legítima y que existe un "avasallamiento político".
Ambos jueces fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri, decisión que la administración de Alberto Fernández intentó revertir por considerarlos no definitivos. La disputa llegó hasta la Corte Suprema, que en 2020 dictaminó que los traslados eran permanentes hasta tanto se cubrieran las vacantes mediante concursos públicos.
El Consejo también aprobó el concurso para reemplazar al juez Germán Castelli, trasladado al Tribunal Oral Federal 7 donde actualmente se desarrolla el juicio contra Cristina Kirchner por los cuadernos de la corrupción. Sin embargo, no avanzó con el resto de los magistrados trasladados, entre ellos Carlos Mahiques en la Cámara de Casación.
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