El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca resolver uno de los nudos más complejos del sector energético: el perdón de deudas cruzadas entre el Estado y las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, que abastecen a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
La iniciativa, que había sido eliminada del Presupuesto 2026 para garantizar su aprobación, ahora regresa como proyecto independiente con el objetivo de saldar una disputa que involucra más de US$ 3.200 millones entre ambas partes.
Según el artículo 4 del proyecto, el Estado determinará las diferencias de ingresos que las distribuidoras dejaron de percibir por las leyes de emergencia tarifaria dictadas en los últimos años. Edenor reclama US$ 2.000 millones en 'activos regulatorios' por ingresos no percibidos, mientras que Edesur demanda cerca de US$ 1.200 millones por el mismo concepto.
La propuesta genera controversia porque implica que el Estado reconozca que las empresas tienen derecho a cobrar tarifas más altas de las que efectivamente cobraron durante la emergencia. Edenor, controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, y Edesur, propiedad del grupo italiano Enel, argumentan que los contratos de concesión les garantizaban esos ingresos.
A cambio, el Ejecutivo descontaría las deudas que ambas empresas mantienen con Cammesa por la compra de energía. Edenor debe alrededor de US$ 600 millones y Edesur unos US$ 500 millones, comprometidos a pagar en cuotas de hasta 8 años.
El cálculo contable favorece a las distribuidoras, por lo que el Estado debería negociar una quita de su deuda. Como contrapartida, las empresas deberían renunciar a todos los reclamos judiciales pendientes contra el Estado y Cammesa por los efectos de las emergencias tarifarias.
El proyecto también incluye medidas para el sector de energías renovables. Extiende hasta el 31 de diciembre de 2045 la estabilidad fiscal que garantiza que estas fuentes no estarán gravadas por ningún tributo específico, canon o regalías de cualquier jurisdicción.
Esta extensión por 20 años busca dar certidumbre a las inversiones en el sector, que venía reclamando esta medida desde que venció el plazo original en diciembre de 2025. La norma evita que gobernadores o intendentes puedan crear el llamado 'impuesto al viento' u otros gravámenes sobre la generación renovable.
La iniciativa también alcanza a Transener, la transportista de energía eléctrica que está en proceso de privatización y que sería adquirida por el grupo Neuss junto a los dueños de Newsan y Genneia.
Para los usuarios de AMBA, el acuerdo podría significar mayor estabilidad en el suministro eléctrico si las empresas logran sanear sus finanzas y realizar las inversiones postergadas en infraestructura. Sin embargo, también genera interrogantes sobre el impacto fiscal de la operación en las cuentas públicas.
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