El gobierno de Javier Milei avanza en una reforma que encendió alarmas en el sistema judicial porteño. A través de un decreto que firmará en los próximos días, el Ministerio de Justicia eliminará instancias de participación ciudadana en la selección de jueces y fiscales, bajo el argumento de "acotar plazos y reducir instancias duplicadas".
La medida cobra especial relevancia para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde se concentran los tribunales federales más importantes del país. Con el 37,5% de los cargos judiciales vacantes y el 46% de la Procuración General sin cubrir, el gobierno busca acelerar las designaciones, pero genera dudas sobre la transparencia del proceso.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, acordó con Milei la modificación de los requisitos para designar integrantes del Poder Judicial, incluidos los ministros de la Corte Suprema. La reforma afecta especialmente a los juzgados de Comodoro Py, donde se tramitan las causas más sensibles para la administración libertaria.
Entre los expedientes que se investigan en esos tribunales porteños figuran casos como ANDIS, Libra, las causas contra Manuel Adorni y los créditos hipotecarios del Banco Nación. El Consejo de la Magistratura ya envió 35 nuevas ternas en los últimos dos meses para cubrir cargos en este fuero estratégico.
La principal modificación elimina instancias administrativas previas a la nominación presidencial, que según el gobierno "guardan similitud" con las que ya se cumplen en el Senado. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas expresaron preocupación: "¿Las nuevas reglas garantizarán transparencia?"
Desde una perspectiva económica, esta reforma responde a la lógica de eficiencia que caracteriza al gobierno libertario. La reducción de instancias burocráticas puede interpretarse como una medida de desregulación administrativa, aunque genera interrogantes sobre los controles y contrapesos institucionales.
El decreto abarca todo el Poder Judicial federal y nacional, así como la Procuración General de la Nación. Los cálculos oficiales indican que para septiembre próximo se habrán remitido más de un centenar adicional de pliegos, con el objetivo de enviar 250 pliegos antes de fin de año.
Una de las modificaciones más controvertidas es la reducción de los quince días que rigen desde la publicación en medios nacionales para que la ciudadanía pueda impugnar las designaciones. Esta medida limita el tiempo de escrutinio público sobre los candidatos a ocupar cargos judiciales clave en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
En Comodoro Py, epicentro de las investigaciones por corrupción y lavado de dinero que afectan a la región metropolitana, algunos operadores judiciales consideran que "no es el mejor momento para este debate", especialmente en medio de las causas contra funcionarios del gobierno.
La reforma judicial se enmarca en la estrategia más amplia del gobierno de reducir la intervención estatal y agilizar procesos administrativos. Sin embargo, la eliminación de instancias de participación ciudadana plantea interrogantes sobre el equilibrio entre eficiencia y transparencia en un sistema que debe mantener su independencia.
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