La Comisión de Hacienda aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos para 2027, que eleva cuotas de servicios del gobierno federal, incluidos trámites migratorios y autorizaciones sanitarias.
El dictamen obtuvo 27 votos a favor de Morena, PVEM y PT, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sumaron 10 votos en contra.
Después de la aprobación, la comisión decretó un receso para recibir las reservas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público plantearía durante la discusión en lo particular. El proyecto forma parte del Paquete Económico para el próximo ejercicio fiscal.
Entre los cambios previstos destaca el incremento de 35% en el derecho de estancia para visitantes extranjeros que ingresen a México sin permiso para realizar actividades remuneradas. Con el ajuste propuesto, la cuota pasaría a 1,334 pesos.
La distribución de los recursos recaudados por este concepto contempla que 50% se destine a la Sedena, 26% al INM y el 24% restante ingrese a la Tesorería de la Federación sin asignación específica.
Además, la iniciativa establece modificaciones a las cuotas para expedir visas ordinarias y visas de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de larga duración. En ambos trámites se propone un cobro de 1,639 pesos para 2027.
Durante el debate, el diputado panista Héctor Saúl Téllez cuestionó los incrementos y sostuvo que algunos cobros superan ampliamente una actualización ordinaria de tarifas. Según sus señalamientos, ciertas cuotas registrarían aumentos de entre 100 y 1,000%.
Como ejemplo, mencionó la licencia sanitaria para servicios de transfusión, cuyo costo pasaría de 1,482 a 17,439 pesos.
También señaló que la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos aumentaría de 8,195 a 43,209 pesos, un alza superior a 427%.
Otro de los conceptos cuestionados corresponde a las licencias para establecimientos que utilizan fuentes de radiación con fines de diagnóstico médico, cuyo costo prácticamente se duplicaría para ubicarse en 19,845 pesos.
Por su parte, el diputado priista Christian Castro Bell advirtió que los incrementos en permisos y autorizaciones pueden elevar los costos de operación de empresas dedicadas a producir, transportar y distribuir bienes y servicios.
Entre los ajustes mencionó el aumento de 41.42% en el servicio de toma de muestras y liberación de productos de la Cofepris.
En respuesta a las críticas, la diputada de Morena Claudia Rivera Vivanco rechazó los señalamientos y argumentó que los cambios buscan actualizar los cobros conforme al costo de los servicios públicos y al aprovechamiento de los bienes de la nación.
La legisladora también sostuvo que la propuesta no contempla aumentos en la expedición de pasaportes mexicanos ni en la tarifa de uso aeroportuario (TUA), en contraste con las preocupaciones expresadas por la oposición.
Por su parte, el diputado morenista Luis Humberto Fernández defendió el dictamen al afirmar que los ajustes corresponden a un esquema de justicia fiscal y no a una estrategia de recaudación excesiva.
La iniciativa no solo plantea incrementos. También contempla reducciones y exenciones para determinadas categorías, aunque el texto disponible no detalla cuáles.
Con información de: Infobae, 13 de octubre de 2026.

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