El Senado de la República aprobó el 30 de septiembre reformas a la Ley de Inversión Extranjera para ampliar la participación de instituciones de seguridad en la revisión de operaciones que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.
El dictamen fue avalado en lo general con 65 votos a favor y 30 en contra, mientras que en lo particular recibió 65 votos favorables y 28 en contra.
La reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.
La modificación incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, donde tendrán voz y voto.
La CNIE pasará de estar integrada por 10 a 13 secretarías, con la incorporación de Defensa, Marina y Seguridad.
Además, cuando se analicen asuntos relacionados con seguridad nacional podrán participar como invitadas permanentes, con voz pero sin voto, las personas titulares de la FGR, el CNI, el SAT y la UIF.
También contempla la participación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, debido a sus atribuciones en infraestructura digital, ciberseguridad, inteligencia artificial y protección de datos.
Uno de los principales cambios se relaciona con la adquisición de empresas mexicanas. La autorización de la CNIE será necesaria cuando un inversionista extranjero busque adquirir más de 49% del capital social de una compañía cuyos activos superen un monto que todavía deberá establecer la propia Comisión y que participe en actividades consideradas estratégicas.
El monto de activos que activará este mecanismo aún no está definido. La reforma establece que la CNIE tendrá 180 días naturales después de la entrada en vigor del decreto para emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación la resolución general que establezca dicho umbral.
Cuando una empresa no supere ese monto, pero el inversionista pretenda adquirir más de 49% de su capital, la solicitud ante la Comisión será voluntaria. En cambio, cuando se cumplan el porcentaje de participación, el umbral de activos y la actividad estratégica, será obligatoria la autorización.
El procedimiento establece que la solicitud deberá ser presentada conjuntamente por la empresa mexicana y el inversionista extranjero ante la Secretaría Técnica de la CNIE. La Comisión contará con 60 días hábiles para resolver, aunque el plazo podrá suspenderse si se solicita información adicional y ampliarse hasta por otros 30 días hábiles cuando la complejidad del asunto lo justifique.
La CNIE tendrá tres posibilidades al concluir el análisis: autorizar la operación cuando determine que no existen riesgos o amenazas para la seguridad nacional; condicionarla a modificaciones o medidas para reducir los riesgos detectados; o impedirla por razones de seguridad nacional.
En caso de establecer condiciones, estas podrán incluir reportes periódicos y revisiones para verificar su cumplimiento. Además, los integrantes de la Comisión no podrán abstenerse de votar en asuntos relacionados con seguridad nacional.
La reforma también contempla que la Secretaría Ejecutiva de la CNIE envíe al Congreso, cada seis meses, un informe sobre la gestión de la Comisión en esta materia y comparezca ante las comisiones legislativas cuando sea convocada.
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