México incorporó una nueva causal de nulidad electoral que permite anular elecciones si se comprueba intervención extranjera que haya influido en los resultados. La reforma, publicada el 2 de junio en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor al día siguiente y modifica el artículo 41 de la Constitución.
El decreto establece que las autoridades electorales deberán considerar esta nueva causal en todos los comicios que se realicen en el país. El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tienen como plazo máximo el 5 de junio de 2026 para adecuar sus leyes al nuevo contenido constitucional.
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales federales y locales deberán revisar y ajustar sus normas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la reforma, que busca reforzar la protección de la soberanía electoral frente a cualquier intento de influencia externa.
En paralelo, se publicó una reforma del Poder Judicial que introduce cambios profundos en la elección y renovación de jueces y magistrados. El aspecto central es que la elección judicial federal y local se celebrará de forma coincidente el primer domingo de junio de 2028, cuando la ciudadanía podrá votar directamente para renovar la totalidad de los cargos.
La reforma modifica artículos clave de la Constitución, definiendo procedimientos para que el Senado, el Ejecutivo y la Suprema Corte propongan y evalúen candidaturas que luego serán sometidas a votación popular. El INE organizará estos procesos, asegurando transparencia y participación ciudadana.
Hasta la elección de 2028, las personas juzgadoras que debían concluir su encargo en 2027 permanecerán en funciones un año más. Quienes resulten electas tomarán protesta ante el Senado en septiembre de 2028.
También se creó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, conformada por tres consejeros electorales, que recibirá listados de aspirantes a cargos públicos y realizará un análisis de riesgos sobre sus perfiles en coordinación con autoridades de seguridad, inteligencia y finanzas.
La comisión notificará a los partidos si detecta riesgos razonables relacionados con actividades delictivas en algún perfil, sin detallar la naturaleza del riesgo. A partir de esa información, cada partido decidirá si procede con el registro de la candidatura.
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