Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México dieron un paso decisivo hacia la digitalización obligatoria de todos los trámites relacionados con el autotransporte federal. Desde junio, cualquier gestión de control vehicular y licencias de conducir deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma Llave MX.
La medida responde a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca reducir la intervención de terceros y simplificar los procesos administrativos. Los usuarios necesitarán únicamente su CURP, correo electrónico y número celular para acceder al sistema, que promete mayor transparencia y rapidez en cada gestión.
Nancy Lozada Sánchez, subdirectora de Trámites de la Dirección General de Autotransporte Federal, explicó que la iniciativa persigue que "el Gobierno de México hable un solo lenguaje digital", evitando la necesidad de múltiples cuentas para distintos trámites gubernamentales.
El sistema permite que los usuarios accedan a un historial completo de todas sus gestiones previas, eliminando la posibilidad de que terceras personas intervengan en el proceso. La SICT trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para implementar este sistema único de acceso.
Esta política de digitalización forzosa en México contrasta con el panorama argentino, donde los trámites vehiculares aún dependen en gran medida de gestorías privadas y procesos presenciales. La experiencia mexicana podría servir como referencia para futuras reformas en Argentina, especialmente considerando los debates sobre modernización del Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei.
La eliminación de intermediarios en los trámites vehiculares representa un ahorro significativo para los usuarios y una reducción del gasto público en personal administrativo. En Argentina, donde el costo de los trámites vehiculares incluye múltiples tasas y comisiones, una digitalización similar podría generar ahorros importantes para los contribuyentes del AMBA.
La centralización digital también permite un mejor control fiscal y reduce las oportunidades de corrupción en los procesos administrativos, aspectos que resultan particularmente relevantes en el contexto de las reformas estructurales que se discuten en Argentina.
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