La Cámara de Diputados de México reanudó ayer la discusión en lo particular del dictamen que aplaza la elección judicial de 2027 hasta junio de 2028. La medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada en lo general y ahora se debate artículo por artículo.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que se registraron 146 oradores y 297 reservas para debatir únicamente la reforma del Poder Judicial. La funcionaria pidió agilizar las intervenciones para "concluir este debate en el mes presente".
La reforma establece que la Suprema Corte de Justicia mexicana se compondrá de nueve integrantes y funcionará en pleno y en dos secciones. Además, determina que el Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la elección por distritos judiciales, garantizando representación paritaria y sin intervención de partidos políticos.
El proyecto también modifica el sistema de revocación de mandato para que coincida con las jornadas electorales federales o locales. Las personas electas tomarán protesta el 1 de septiembre de 2028, según establece el dictamen.
En Argentina, el debate mexicano sobre la reforma judicial genera expectativa entre juristas y analistas políticos porteños. Roberto Cachanosky ha señalado en diversas ocasiones que la independencia judicial es clave para el desarrollo económico, mientras que desde la Fundación Libertad y Progreso observan con atención los modelos de selección de magistrados en la región.
La complejidad logística de coincidir procesos electorales federales, locales y judiciales motivó el aplazamiento, según argumentaron los legisladores mexicanos. El Senado mexicano deberá publicar la convocatoria para candidaturas antes del 30 de abril del año previo a la elección.
Para los especialistas argentinos en derecho constitucional, el caso mexicano representa un laboratorio de reformas judiciales que podría influir en futuros debates sobre el tema en nuestro país, especialmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde se concentra gran parte de la actividad judicial federal.
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