Una megaoperación de la Justicia federal desarticuló una red de tráfico internacional de armas con 140 allanamientos simultáneos en todo el país, que incluyeron varios procedimientos en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La organización criminal enviaba ametralladoras, fusiles de asalto y explosivos a Chile y Uruguay utilizando testaferros para compras legales en la ANMAC.
El Departamento Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA detuvo a 34 sospechosos en una operación coordinada por el juez federal Adrián González Charvay y el fiscal Santiago Marquevich de la UFECO. Entre los arrestados se encuentra un efectivo de la Policía de la Ciudad con domicilio en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza.
El arsenal secuestrado revela la magnitud de la organización: 25 escopetas calibre 12, 55 pistolas de diversos calibres, 17 revólveres, 8 ametralladoras calibre 9mm, 7 fusiles calibre 308mm, una granada MK2 y 43.100 municiones de diferentes calibres. También se incautaron drogas, incluyendo tusi, cocaína y marihuana.
La investigación comenzó tras una denuncia de la propia ANMAC cuando detectaron compras masivas de armas de gran calibre por parte de usuarios cuya capacidad económica no se condecía con el volumen adquirido. El caso se intensificó con la compra de pistolas semiautomáticas marca Glock en cantidades sospechosas.
El decreto 397/2025 firmado por el presidente Javier Milei en noviembre pasado había habilitado a civiles la compra de armas semiautomáticas como fusiles y subametralladoras, una normativa que la organización criminal habría aprovechado para sus operaciones.
La red operaba con un sofisticado sistema de testaferros que incluía responsables de armerías y gestores de tiro que certificaban trámites fraudulentos. Estos gestores emitían aptos médicos y psicológicos falsos a cambio de dinero, mientras reclutaban usuarios truchos ofreciéndoles sumas menores por prestar su identidad.
Los allanamientos se extendieron por 13 jurisdicciones, incluyendo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y otras provincias, evidenciando el alcance nacional de la organización. En el conurbano bonaerense, los procedimientos se concentraron en zonas del oeste y sur del Gran Buenos Aires.
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