Máximo Kirchner se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados. Desde el 23 de octubre será juzgado como organizador de una asociación ilícita y por lavado de dinero.
La acusación sostiene que las empresas familiares solo se crearon para dar apariencia de licitud a fondos ilegales. En ese marco, el diputado nacional firmó contratos, cheques, retiró dividendos y adquirió propiedades.
Los números del expediente muestran un incremento patrimonial de 12.000% en Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner. Además, la fiscalía señala que “suscribió los contratos de locación e instrumentó los movimientos bancarios para recibir $25.968.042,30”.
El próximo jueves 15 habrá una audiencia clave en la Cámara de Casación para definir si la semana siguiente se juzgará únicamente la causa Los Sauces SA o si el debate oral incluirá también las operaciones de blanqueo de activos vinculadas a Hotesur SA.
La intervención del máximo tribunal penal surge de la oposición del fiscal general, Diego Velasco, a la realización de dos juicios, como dispuso el Tribunal Oral Federal 5.
Los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti consideraron que, para imprimir celeridad, era conveniente juzgarlos por separado. Argumentaron que había objetos procesales diferentes y testigos que no se comparten en las maniobras.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que las operaciones de blanqueo de activos fueron corroboradas durante la instrucción a través de la firma hotelera Hotesur SA. “Las compañías no tenían un fin comercial real, fueron solo una pantalla para la maniobra delictiva”, afirma la acusación.
Máximo Kirchner, líder de La Cámpora e hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner, es uno de los principales acusados en ambos expedientes. La prueba documental lo vincula a diversas operaciones, a compra de inmuebles, a contratos firmados con Lázaro Báez y a otras acciones que desembocaron en su primer procesamiento.
En el caso de la inmobiliaria, la imputación lo califica como organizador de la asociación ilícita y coautor del delito de lavado de activos. La fiscalía sostiene que diseñó, ejecutó y dirigió entre enero de 2009 y marzo de 2016 un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la firma Los Sauces SA.
El esquema, según la acusación, buscó legitimar fondos provenientes de la defraudación al Estado en la obra pública vial del Grupo Báez y del pago de dádivas por contratos y beneficios otorgados por el Grupo Indalo. Esos fondos quedaron encubiertos bajo la apariencia de cánones locativos, entre alquileres inmobiliarios y hoteleros.
La compañía Los Sauces se creó el 7 de noviembre de 2006, con la intervención de Néstor y Cristina Kirchner. En esa estructura, el actual diputado nacional fue designado presidente del Directorio, “ejerciendo la representación legal y la administración de los fondos”, según el requerimiento de acusación.
Con la sociedad creada y habilitada para operar, Máximo Kirchner cumplió un rol central en la capitalización de la inmobiliaria, es decir, en la adquisición e incorporación de inmuebles, terrenos y hoteles. Aceptó en nombre de la sociedad la cesión de los terrenos ubicados en Alvear 390 y Mariano Moreno 800, en la ciudad de Río Gallegos.
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