Un giro inesperado marca las investigaciones por la masacre de Colcabamba, en Perú, donde cinco personas murieron tras un operativo militar el 25 de abril. El único sobreviviente, Ricardo Jampier Acuña Quispe de 20 años, contradijo su testimonio inicial y ahora asegura que fue amenazado por militares para confesar que transportaba droga.
El joven había declarado inicialmente que formaba parte de un grupo de 50 personas dedicadas al transporte de narcóticos en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Sin embargo, en un nuevo registro difundido por Epicentro, Acuña sostiene que aquella confesión fue obtenida bajo coacción.
"Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así", declaró el sobreviviente en su nueva versión. Según relata, no transportaba droga ni armamento al momento de la intervención y logró escapar del vehículo durante el ataque para ocultarse por temor.
El operativo se desarrolló en una zona de alto riesgo por actividades vinculadas al narcotráfico. Una patrulla del Ejército realizó alrededor de 60 disparos contra la camioneta donde viajaban ocho personas, basándose en información de inteligencia sobre presunto transporte de drogas.
El resultado fue devastador: cinco muertos y dos heridos. Sin embargo, en la escena no se encontraron drogas ni armas, un dato que la defensa de las víctimas señala como contradictorio con la versión oficial del enfrentamiento.
Los familiares de los fallecidos sostienen que los ocupantes del vehículo eran jóvenes que regresaban de un partido de fútbol, versión que se contrapone completamente con el testimonio inicial de Acuña sobre una red de transporte ilegal.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó que uno de los fallecidos era de nacionalidad colombiana y contaba con antecedentes internacionales por tráfico de armas, encontrándose en situación migratoria irregular.
La defensa legal de los familiares califica la confesión inicial como "un invento por parte del Ejército, para justificar esta intervención arbitraria e ilegal en donde han matado a cinco peruanos". El abogado cuestiona las condiciones en las que se obtuvo la primera declaración.
El caso introduce serias dudas sobre la legalidad de la intervención militar y la validez de las primeras diligencias. Las circunstancias de los disparos y la ausencia de evidencias materiales forman parte de los puntos centrales en disputa.
"En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas", afirmó Acuña en su nuevo testimonio, reforzando las objeciones de la defensa sobre la obtención irregular de su primera confesión.
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