El fiscal general Gabriel Pérez Barbera pidió este miércoles que la causa en la que se investiga la compra de la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, regrese a la justicia en lo Penal Económico.
Según fuentes judiciales, el fiscal general consideró que no debe ser la justicia federal de Campana -donde actualmente está el expediente- la que intervenga en el caso, sino el fuero especializado en delitos económicos de Ciudad de Buenos Aires.
"Entre la justicia federal de Campana y la justicia nacional en lo penal económico de esta ciudad, debe considerarse competente a esta última para continuar con la investigación", señaló Pérez Barbera en su dictamen.
Ahora los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quedaron en condiciones de resolver si la investigación continúa en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, o regresa al juzgado 10 en lo Penal Económico, subrogado por la magistrada Verónica Straccia.
La disputa gira en torno a una propiedad de 105 mil metros cuadrados con helipuerto que está a nombre de Real Central, una sociedad de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Sin embargo, ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para adquirirla.
La sospecha es que Toviggino es el verdadero dueño: en la casa se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central -del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia- con su nombre. Además, en la vivienda había 54 autos de lujo con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero.
El expediente primero estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien en diciembre pasado allanó la propiedad. Luego pasó al magistrado de Penal Económico Marcelo Aguinsky, que planteó como hipótesis que la propiedad se compró con fondos de la AFA que fueron desviados.
Según la investigación, Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que gastaba 50 millones de pesos por mes y pagaba los Telepase de los vehículos. La defensa de Pantano y Conte pidió que el caso se investigue en Campana, considerado por muchos un juzgado cercano a la AFA.
Para Pérez Barbera, el fuero en lo Penal Económico tiene competencia para investigar los casos de lavado de dinero por ser "no solo federal, sino además especializado en esa materia". El fiscal destacó que frente a la indeterminación territorial, debe intervenir el fuero especializado por "su especialización técnica" que "mejor garantiza la eficacia de la investigación".
La Cámara Federal de Casación Penal ya había anulado el fallo que dispuso que el caso se investigue en Campana y le pidió a la Cámara Penal Económico que resuelva qué juzgado debe intervenir "con la celeridad que el caso impone".
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