El escándalo por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, dio un paso clave este miércoles cuando el Consejo de la Magistratura aprobó la terna para designar al juez que podría investigar el caso.
La votación, que se resolvió con 18 votos a favor y dos abstenciones, definió los candidatos para ocupar el juzgado Penal Económico 10, uno de los tribunales que se disputa la competencia para investigar el presunto lavado de dinero en la compra de la propiedad.
El primer lugar de la terna fue para Ignacio Labadens, secretario del Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py, aunque no será el elegido ya que el Senado aprobó su pliego para ser juez de menores. En segundo lugar quedó María Juliana Márquez, secretaria de la Fiscalía Federal 1, seguida por Matías Latino, secretario de la Cámara Federal de San Martín.
La controversia judicial se centra en determinar dónde debe investigarse la causa. Actualmente, el expediente se encuentra en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, pero existe una disputa de competencia con el fuero Penal Económico que debe resolver la Cámara en lo Penal Económico.
El caso involucra una propiedad de 105 mil metros cuadrados con helipuerto que está a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para adquirirla, y se sospecha que pertenece a Toviggino debido a múltiples indicios.
Entre las pruebas que vinculan al tesorero de la AFA con la propiedad se encuentra el hecho de que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que pagaba los Telepase de 54 autos de lujo y colección que estaban en la mansión. Estos vehículos tenían cédulas azules para que los manejaran familiares del tesorero.
La causa pasó en enero pasado al juzgado de Campana a pedido de la defensa de Pantano y Conte, pero todos los fiscales que intervinieron sostuvieron que debía regresar al fuero Penal Económico. En mayo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que dispuso que la causa tramite en Campana.
Ahora, el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques deberán elegir de la terna aprobada para proponer el nombramiento al Senado. La decisión no está obligada a seguir el orden de mérito del concurso, lo que añade un elemento político a la designación.
Mientras tanto, la defensa de los imputados apeló ante la Corte Suprema y pidió la paralización de cualquier trámite, manteniendo en suspenso una investigación que involucra al máximo organismo del fútbol argentino y que tiene ramificaciones en el conurbano bonaerense.
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