El Gobierno argentino informó que intimó al Reino Unido para frenar en un plazo de dos semanas las operaciones vinculadas al proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y marca una nueva escalada en el reclamo soberano argentino.
Según el comunicado, Cancillería y los equipos jurídicos iniciarán el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como CONVEMAR. El objetivo declarado es impedir la explotación de hidrocarburos y evitar medidas que agraven la situación.
El documento fue firmado por el presidente Javier Milei, quien advirtió que, si el Reino Unido no frena la explotación, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar sus derechos sobre la Plataforma Continental. La intimación fue cursada al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El presidente Javier Milei compartió un mensaje en el que sostuvo: “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”.
El texto presidencial rechaza la respuesta británica a las declaraciones de Milei ante la Asamblea General de la ONU. El comunicado sostiene que ni la denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” ni el referéndum de 2013, con 99,8% de votos a favor de permanecer bajo administración de Londres, alteran la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
Además, el Ejecutivo ordenó iniciar de forma urgente procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED, tras detectar operaciones en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas con una aeronave de matrícula británica y sin autorización argentina. El Gobierno también instruyó gestiones diplomáticas por ese caso.
El respaldo jurídico se apoya en la Resolución 2065 (XX) y la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU. La primera reconoció la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido; la segunda exhortó a no adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso.
Argentina sostiene que la explotación de recursos naturales en esas zonas viola ambas resoluciones y produce un “perjuicio irreversible e irreparable” a sus derechos de soberanía. El marco legal invocado incluye la CONVEMAR, aprobada en 1982 y en vigor desde 1994, que regula la extensión de la plataforma continental más allá del mar territorial.
La escalada diplomática se produce desde el anuncio de sanciones del 3 de septiembre y vuelve a colocar la cuestión Malvinas en el centro del debate nacional. En CABA y el Gran Buenos Aires, la medida se suma a la discusión por la soberanía y la política exterior.
Con información de: Infobae
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