El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, procesó a Maximiliano Ariel Vallejo por liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria, en el marco de la causa Sur Finanzas.
La resolución también procesó a 17 personas y a nueve sociedades vinculadas con el grupo, y dispuso la prisión preventiva de Vallejo, que cumplirá bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Según el fallo, la estructura habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 mediante una red de sociedades, cuentas bancarias y una billetera virtual, con el objetivo de mover fondos de presunto origen ilícito dentro del circuito económico formal.
El magistrado atribuyó al grupo la incorporación de dinero al sistema formal, su circulación entre firmas vinculadas y su uso para adquirir inmuebles, vehículos y otros bienes. La investigación identificó al menos una quincena de sociedades, entre ellas Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Ars Cambios S.A.S., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Sur Pagos S.A.
Para el juez, los bienes y las operaciones no aparecían aislados, sino integrados en un mismo circuito. El fallo concluyó que las sociedades funcionaban de manera “indistinta e intercambiable” para mover dinero entre empresas, directivos, empleados y terceros.
El fallo procesó a Maximiliano Ariel Vallejo como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita y coautor de los delitos de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
Rodríguez Ponte entendió que existió una organización estable, con reparto de funciones, que operó por más de cinco años. Según el fallo, las directivas circulaban desde Vallejo hacia las áreas administrativas, las sucursales y el personal encargado del traslado de dinero.
Además, dispuso un embargo de $40.000 millones sobre sus bienes y fijó el mismo monto para su madre, Graciela Beatriz Vallejo. El principal imputado permanecerá bajo prisión preventiva en una vivienda del barrio Fincas de San Vicente, con monitoreo electrónico.
También deberá entregar sus documentos de viaje y no podrá administrar empresas del grupo ni operar cuentas bancarias, billeteras virtuales o activos virtuales sin autorización judicial.
La resolución ubicó una parte central de la presunta maniobra en Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio cuyas cuotas fueron cedidas en agosto de 2020 a integrantes del entorno de Vallejo. Según la hipótesis, la firma habría comprado y vendido moneda extranjera por fuera de las normas que regulan ese mercado.
El Banco Central detectó excesos en la tenencia de divisas y formuló cargos por operaciones que, de acuerdo con la resolución, superaron los USD 103,5 millones. Rodríguez Ponte aclaró que el monto investigado como posible activo de origen ilícito no equivale al volumen total de las operaciones cambiarias.
Durante 2022, las cuentas de Concordia recibieron más de $4.040 millones, frente a ventas declaradas por $2.440 millones. En 2023, las acreditaciones alcanzaron casi $16.000 millones, año en el que la firma no habría presentado su declaración jurada.
El magistrado señaló que, cuando la agencia solicitó su baja como operador de cambios, el dinero fue transferido a cuentas personales de Graciela y Maximiliano Vallejo y a empresas vinculadas, como Gestiones San Miguel S.A. y Neocam S.A.S..
Agregó que la rapidez y la circulación de esos fondos entre sociedades administradas por personas cercanas a Vallejo constituyeron indicios relevantes. Añadió que “los mismos fondos pudieran recorrer, en cuestión de horas, las cuentas” de distintas firmas y personas.
Con información de: Infobae. La nota se publicó el 6 de noviembre de 2026.
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