El juez federal Ariel Lijo inició una investigación judicial sobre los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a un grupo de dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza, tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Se trata de nueve préstamos por un total de $2.500 millones que generaron sospechas sobre posibles irregularidades.
Los créditos fueron otorgados por montos de entre 200 y 315 mil dólares, cifras que superan ampliamente el promedio general de la entidad bancaria. Entre los beneficiarios figuran Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Felipe Núñez, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Sharif Menem, entre otros funcionarios y legisladores libertarios.
La fiscalía busca determinar si durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación se concedieron estos créditos de forma irregular, violando la normativa financiera vigente o otorgando privilegios indebidos por pertenencia partidaria. Los delitos investigados incluyen administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
Entre las medidas de prueba ordenadas por Lijo, se solicitó al Banco Central que aporte el marco normativo de los créditos y detalle si hubo flexibilizaciones desde diciembre de 2023. Al Banco Nación se le pidieron los legajos completos de los créditos, incluyendo recibos de sueldo, escrituras y eventuales reportes de operaciones sospechosas.
El fiscal Pollicita quiere establecer si se allanó el camino a los beneficiarios por su pertenencia partidaria, si hubo informes técnicos desfavorables que se desoyeron, si los créditos se entregaron en plazos récord y si los montos corresponden a los ingresos declarados. También investiga si algunos beneficiarios ya tenían otros bienes inmuebles declarados.
Desde el gobierno nacional negaron cualquier hecho ilícito. El Banco Nación explicó que existe una línea específica de créditos hipotecarios destinada a empleados públicos que cubre hasta el 90% del valor de la vivienda, mientras que otros programas solo cubren hasta el 75%. Esta línea, más ágil en sus trámites, fue la utilizada por los nueve funcionarios libertarios bajo análisis.
La investigación también incluye una auditoría a la AGN (Auditoría General de la Nación) para determinar si se cumplieron los controles correspondientes. Las tres denuncias presentadas fueron unificadas en el juzgado de Lijo, quien además investiga al vocero presidencial Manuel Adorni en otra causa.
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