El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La medida alcanza al período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó acceder a declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos. La ampliación también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.
La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que sus integrantes alcanzaron la mayoría de edad. La defensa había atribuido el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y a operaciones con bitcoin.
El juez autorizó una diligencia para constatar la explicación brindada por el imputado. El defensor Matías Ledesma deberá presentarse en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, con el sobre y una computadora portátil propia.
La medida prevé que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración, como ser Sparrow o Electrum, y consigne en la función Sign o Verify Message un mensaje que será proporcionado por la fiscalía en el mismo acto.
Una vez realizada la operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina efectuará una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a cada una de las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas deberán quedar bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.
Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, monto invocado como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro venta de activos. Las direcciones habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanera deberá informar fechas, montos, entidades intervinientes, destino declarado y resultado de validaciones. También se pidió a ANSES la historia laboral completa, con aportes, remuneraciones, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas, y a los registros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre inmuebles, vehículos y motovehículos.
El requerimiento a los registros de la propiedad incluye las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad, los gravámenes y los datos de las escrituras. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá remitir antecedentes de vehículos y motovehículos, con detalle de dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas.
La ampliación del secreto fiscal busca contrastar la justificación patrimonial presentada por la defensa. El objetivo es cotejar la información tributaria, laboral, inmobiliaria y vehicular con las operaciones en bitcoin que habrían originado el efectivo declarado.
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