La muerte del Indio Solari trajo a la memoria uno de los gestos más emotivos del líder de los Redonditos: su llamada telefónica al velatorio de Micaela García en abril de 2017. La joven de 21 años, estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita, había sido violada y asesinada por dos hombres cuando regresaba a su casa tras una salida nocturna en Gualeguay, Entre Ríos.
El crimen de Micaela expuso una falla del sistema judicial que tendría consecuencias legislativas: uno de sus asesinos debía estar preso por violar a dos mujeres, pero el juez Carlos Alfredo Rossi le había otorgado libertad condicional. Esta tragedia motivó la sanción de la Ley Micaela en enero de 2019, que obliga a funcionarios del Estado a capacitarse en perspectiva de género.
Sin embargo, los números oficiales revelan un dramático retroceso en la implementación de la normativa. Según el Informe de gestión 2023 del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, entre 2020 y 2023 se capacitaron 234.710 personas. En contraste, el Informe del Jefe de Gabinete de 2025 indica que desde diciembre de 2024 hasta agosto de 2025 cursaron apenas 2.064 personas.
La caída es abrupta: de 5.000 capacitaciones mensuales se pasó a 200, una reducción del 96%. Esta disminución coincide con el desmantelamiento del Ministerio de Mujeres tras el cambio de gobierno y la transferencia de sus funciones a otras áreas del Estado.
El retroceso en las capacitaciones ocurre mientras persisten casos que evidencian fallas en el sistema de justicia. Agostina Vega, quien este lunes habría cumplido 15 años, fue secuestrada, abusada y asesinada hace tres semanas. Por su femicidio está imputado Claudio Barrelier, quien el año pasado había sido liberado por el fiscal Iván Rodríguez tras una denuncia por privación ilegítima de la libertad de una joven de 20 años.
La víctima había logrado escapar de la casa del acusado semidesnuda y atada, pero para el fiscal no constituyó violencia de género. El caso reaviva el debate sobre la efectividad de las capacitaciones y la necesidad de que los operadores judiciales incorporen la perspectiva de género en sus decisiones.
En febrero, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas instó al gobierno argentino a "garantizar la plena y efectiva aplicación de la Ley 27.499 en todos los poderes y niveles del Estado, a través de la asignación de recursos suficientes".
La Ley Micaela, que lleva el nombre de la joven cuyo velatorio fue acompañado por la voz del Indio cantando "Juguetes perdidos", enfrenta hoy el desafío de mantener su vigencia efectiva en un contexto de recorte presupuestario y reorganización estatal. Los casos de Micaela García y Agostina Vega, separados por siete años, muestran que la capacitación en perspectiva de género sigue siendo una deuda pendiente del sistema judicial argentino.
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