El proyecto de Defensa de la Soberanía sigue generando diferencias en la Cámara de Diputados, y el principal punto de fricción es el título VII del texto que impulsa el Gobierno. El debate nacional también interesa en CABA y el conurbano.
Según Clarin - Ultimo Momento, un sector de los aliados cuestiona la propuesta impulsada por el asesor todoterreno Santiago Caputo. Aunque no pondría en peligro el resultado final, podría provocar ruido político en el recinto.
Por ahora, La Libertad Avanza confía en que tendrá los votos para aprobar sin cambios el dictamen firmado esta semana con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros espacios.
La división aparece en los dos espacios provinciales: José Núñez y Pablo Farías, de Provincias Unidas, y Oscar Herrera Ahuad y Alberto Arrúa, de Argentina Federal, firmaron en disidencia.
A ellos se suma la radical Karina Banfi con su monobloque. Las diferencias quedaron centralizadas en el título VII, de Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones, y los aliados pidieron retirar del artículo 127 al 130, inclusive.
En rigor, ese fragmento fue modificado para asegurarse las 60 firmas en el despacho de comisión y, en cierta medida, está vinculado con la libertad de expresión. Puntualmente, se modifican artículos del Código Penal para establecer sanciones con penas de prisión.
Quizás el más controvertido es el nuevo artículo 129, que reemplazó al artículo 111 de la versión original y busca penalizar la posible injerencia extranjera en un proceso electoral o en la opinión pública. El texto aclara que no alcanza a la actividad diplomática, el ejercicio de la actividad periodística y la investigación académica.
La redacción sigue generando tensiones porque apunta contra la injerencia extranjera mediante formas clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, y ocultando su origen o su vínculo con el Estado, organización o agente extranjero, con la finalidad de alterar un proceso electoral. Algunos diputados sospechan que el artículo puede ser la excusa para la persecución de dirigentes opositores.
Los otros tres artículos también hacen referencia a penalidades por poner los secretos del Estado a disposición de un país extranjero o de un servicio de inteligencia extranjero. Asimismo, se plantean penas de prisión para quien colabore con la logística de una operación clandestina de inteligencia en el país por cuenta de un Estado extranjero.
Los diputados que firmaron en disidencia esperan que el oficialismo elimine estos artículos. De lo contrario, anticiparon que en la votación en particular los rechazarán en el recinto. Otro punto que puede generar discusión es el título 5, que otorga poder al proyectado Consejo de Seguridad.
Ese organismo podría revisar y dar conformidad a operaciones de inversión realizadas por un Estado extranjero o una persona jurídica controlada por éste, vinculadas a sectores como defensa, telecomunicaciones, actividades espaciales, energía, hidrocarburos o minería. El texto aclara que la intervención se dará cuando estén involucradas las denominadas infraestructuras críticas, determinadas por el mismo Consejo de Seguridad.
El proyecto enviado por la Casa Rosada fue presentado para ratificar la defensa de la soberanía en las Malvinas, la protección de los recursos naturales y endurecer las sanciones ya previstas en la legislación argentina. Todo esto ocurre en medio de la polémica por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, administrado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum.
Las tensiones aumentaron cuando Estados Unidos expresó su preocupación por la posibilidad de que las penalidades propuestas alcancen no solo a las firmas que operan en Malvinas, sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas.
Con información de: Clarin - Ultimo Momento y Notibaires24
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