El oficialismo no logró dictaminar este miércoles la denominada Ley Malvinas y anunció modificaciones al proyecto enviado por Javier Milei.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores comenzó con un inconveniente: de los tres invitados convocados, solo asistió Marcelo de los Reyes.
El especialista en Inteligencia consideró que el texto “mezcla peligrosamente conceptos de Defensa con Inteligencia y Seguridad”. Los legisladores que invitaron a ADEPA y Poder Ciudadano dijeron que no pudieron llegar porque los avisaron a último momento.
La libertaria Silvana Giudici aseguró que no hubo “falta en la dinámica” y adelantó que el bloque no dictaminará porque está “contemplando modificaciones”.
“Buscamos un dictamen sólido, consensuado y con las mayorías más amplias posibles. Y estamos en ese camino con el resto de los bloques”, afirmó, y confirmó que el artículo 111 será retocado.
Ese artículo establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales con desinformación o promuevan violencia o sabotaje.
Giudici planteó que el artículo va dirigido a la injerencia extranjera en procesos electorales y que se va a “acotar y determinar a ese contexto”. “No agitemos más fantasmas”, dijo.
Damián Arabia adelantó que también se modificará el artículo 39, que deja abierta al Ejecutivo la definición de la autoridad de aplicación, y también los artículos sobre la participación de provincias y municipios.
El aliado del MID Eduardo Falcone insistió en que el Congreso debe autorizar las actividades militares. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, propuso una Bicameral de seguimiento de seguridad nacional.
Falcone detalló que pide “autorización del Congreso, no que esté informado” y propuso un procedimiento similar al de Estados Unidos, donde el Presidente actúa rápidamente y luego informa al Congreso en 48 horas.
Alejandra Torres advirtió sobre el concepto de infraestructuras críticas y su impacto en el federalismo. El proyecto las define como estructuras físicas, redes, sistemas o partes de estos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de servicios esenciales.
El texto hace hincapié en una Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas porque su afectación puede producir consecuencias “equivalentes o incluso superiores a las de una agresión convencional”.
Torres señaló que preocupa que se produzcan intromisiones en las esferas provinciales por decisión discrecional nacional. Planteó que eso ameritaría una conversación o resguardo de principios federales.
El debate, aunque nacional, involucra conceptos de seguridad, servicios esenciales y infraestructuras que pueden tener impacto en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
La sesión no concluyó con dictamen mientras el oficialismo trabaja en un texto que intente reunir consenso entre los bloques. La discusión se centra en el rol del Congreso, el alcance de las infraestructuras críticas y la redacción del artículo 111.
El proyecto enviado por el Ejecutivo aborda la seguridad nacional y la protección de infraestructuras críticas. Los cambios podrían definir el equilibrio entre acción ejecutiva y control legislativo.
En la Ciudad y el conurbano, el debate se vincula con la protección de servicios esenciales, la seguridad y la participación de provincias y municipios. La definición final del texto podría marcar el alcance de esas políticas.
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