La reacción inicial del Gobierno argentino a los reclamos de Washington por la Ley Malvinas duró poco. Cuatro días después de que el canciller Pablo Quirno desmintiera en X la información, el funcionario número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, confirmó la preocupación de la administración Donald Trump por sus empresas.
El domingo pasado, Clarín publicó en su tapa que “Estados Unidos reclama que la Ley Malvinas no afecte a sus empresas”. Ante la nota, Quirno respondió: “Falso. Operadores operados”. La desmentida se sostuvo apenas unos días, hasta que en una conferencia de prensa el ministro escuchó de boca de Landau que el reclamo era real.
Landau, segundo en el Departamento de Estado que preside Marco Rubio, dijo: “Nosotros estamos, obviamente, viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”. La frase expuso la prioridad de la Casa Blanca: proteger a sus firmas ante el proyecto enviado al Congreso.
El proyecto de la Casa Rosada prevé sanciones no solo para las firmas que operan en el Atlántico Sur, sino también para afiliales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores. Una empresa norteamericana con acciones de otra que desarrolle proyectos hidrocarburíferos en Malvinas podía ser multada.
El texto buscaba ampliar penalidades sin distinguir a las empresas de Estados Unidos e Israel, presentadas por Javier Milei como principales aliados. La nota de Clarín plantea que esa decisión muestra improvisación y una posible falla en la estrategia comunicacional que busca apuntalar la figura presidencial.
Según recogió Clarín en Washington, funcionarios estadounidenses indicaron que algunas compañías ya habían recibido notificaciones. También advirtieron que las medidas podrían levantar una barrera al comercio y a las inversiones, en un momento en que hay una larga lista de inversiones aguardando ser anunciadas para el sector energético.
Frente a ese escenario, se iniciaron contactos al más alto nivel para analizar dos opciones: congelar el proyecto de ley y dejarlo en stand by, sin avance; o modificar el texto para acotar el abanico de “sancionados” y dejar fuera a las firmas norteamericanas.
La novedad abrió una nueva grieta en el gabinete. De un lado, quienes promueven el proyecto, como el asesor Santiago Caputo; del otro, quienes cuestionan no haber considerado el efecto sobre las empresas norteamericanas. La nota pregunta por el lugar de Karina Milei, Martín Menem y Luis Caputo.
La presión de Washington por las penalidades también muestra el desinterés de Estados Unidos por el reclamo de soberanía de Buenos Aires a Londres por el Atlántico Sur. La hipótesis de una mediación de Trump ante el Reino Unido, o de un interés geopolítico por las islas frente a China, no estaría en la agenda.
Los mismos funcionarios que reclamaron por sus empresas dejaron claro que la posición de Estados Unidos sobre Malvinas seguirá siendo la neutralidad. La nota sugiere que Trump podría haber usado ese reclamo ante el premier británico Andy Burns para fortalecer su estrategia en Medio Oriente.
Con información de: Clarín y Último Momento.
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