La discusión por la ley de Discapacidad volvió a tensionar la relación entre el oficialismo y los aliados, en medio del tratamiento del Presupuesto 2027 y la emergencia que vence el 31 de diciembre.
Un grupo de diputados pidió al Gobierno que elimine del proyecto el artículo que deroga la emergencia y lo reemplace por una versión que precise el financiamiento, como figura en el dictamen de comisión firmado esta semana.
Los diputados Oscar Herrera Ahuad, Oscar Zago, Eduardo Falcone y Álvaro González solicitaron al presidente de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, que informe con urgencia el importe de las partidas necesarias.
El malestar creció por la ausencia de una aprobación pública del Ministerio de Economía, lo que generó dudas en las fuerzas dialoguistas y abrió el debate sobre si el Gobierno está dispuesto a rechazar la propuesta y dejar abierto el recinto.
En el oficialismo hay malhumor por el tema presupuestario y se reclama que el Palacio de Hacienda responda sobre el financiamiento o asuma el riesgo de que el kirchnerismo y la oposición más dura repliquen lo ocurrido el año pasado, cuando avanzó con la emergencia en discapacidad.
Según testigos, el ministro Luis Caputo avaló la jugada de Martín Menem para bloquear la movida de los K y la oposición díscola, que presionan por prorrogar la emergencia que vence el 31 de diciembre.
Sin embargo, el riojano cuenta con el apoyo de los diputados oficialistas, del PRO, la UCR y los aliados para avanzar con el dictamen, y hay coincidencia de que el Capítulo VI del Presupuesto, que promueve la derogación, es invotable.
Incluso, confían en que Patricia Bullrich no pondrá trabas en el Senado para que la propuesta avance y se convierta en ley, especialmente luego de no haber sido alertada sobre el ajuste planeado por Toto Caputo en discapacidad.
Desde el campamento libertario señalaron que un grupo del Gobierno que quiere más ajuste no entiende que viene el Papa, que va a ir al Cottolengo Don Orione, y que no van a estar votando un recorte de las partidas en discapacidad.
Mientras los aliados piden un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso para definir el costo fiscal, el oficialismo ajusta los últimos detalles del financiamiento porque quiere garantizar que la norma no será vetada por Javier Milei.
En principio, admitieron que para sacar el dictamen hubo números genéricos, ya que el Presupuesto 2027 aún no comenzó a ser tratado en la Cámara baja, pero aseguran que las partidas están en el proyecto.
Para definir el dictamen hubo varias reuniones entre los diputados de La Libertad Avanza y aliados con el Ministerio de Economía, representado por un enviado del secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy; y el Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones.
Según planillas a las que tuvo acceso Clarín, la nueva Ley de Discapacidad tendrá un presupuesto de casi $ 7,26 billones. La principal variación se da en las pensiones no contributivas por invalidez, que prevén un aumento nominal del 33 % con un costo total de $ 6,09 billones.
A eso se agrega el costo por la cobertura médica, que se ubica en $ 1,16 billones e incluye no sólo a los pensionados sino también al grupo familiar. Para los programas de inclusión social de los discapacitados se proyecta un presupuesto de $ 7.414 millones, con una variación real del 193,4 %.
En prevención y control de discapacidades se destina $ 8.355 millones, en un debate que combina financiamiento y partidas.
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