El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni en ARBA, el ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga al vocero presidencial.
La medida se produjo tras la declaración testimonial de Matías Tabar, el contratista que detalló haber recibido US$ 245.000 en efectivo y sin factura por las refacciones realizadas en la casa de Adorni en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La propiedad fue adquirida por US$ 120.000, de los cuales US$ 100.000 provinieron de un préstamo en efectivo otorgado por intermedio de la escribana Adriana Nechevenko, mientras que Adorni y su esposa Bettina Angeletti aportaron los US$ 20.000 restantes.
Según el expediente, las obras demandaron diez meses de trabajo y fueron abonadas mediante once entregas de dólares en efectivo, con pagos promedio de entre 20 y 40 mil dólares cada quince a veinte días. El primer pago se realizó el 16 de noviembre de 2024 por US$ 35.000.
El fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación, solicitó el levantamiento del secreto fiscal porque 'ARBA tiene una ley especial para proporcionar los registros de gastos' de las personas bajo investigación, según fuentes judiciales consultadas por este medio.
La fiscalía busca determinar dos aspectos centrales: si Adorni tributó correctamente por las refacciones realizadas y cuál es el valor real del inmueble. En las últimas declaraciones juradas del funcionario, correspondientes al período que concluyó el 31 de diciembre de 2024, 'no figuran las obras que se declaran en un rubro específico'.
Los investigadores sostienen que 'no hay respaldo documental' para la adquisición de las divisas utilizadas ni para su aplicación a los diversos rubros de la obra. La justicia cuestiona cómo se explica la compra de una casa por US$ 120.000 y refacciones que costaron prácticamente el doble de ese valor.
Adorni insiste en que no pagó los US$ 245.000 declarados por el contratista. Los pagos restantes deberían figurar en la declaración que presentará ante la Oficina Anticorrupción el próximo 31 de julio.
Paralelamente, el fiscal Pollicita tomó esta mañana declaración testimonial a Leandro Miano, socio de Pablo Feijoó, quien realizó la venta del departamento ubicado en Miró 500, otra propiedad vinculada a la investigación.
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