La diputada libertaria Lilia Lemoine presentó una denuncia penal contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof por el incremento extraordinario de la inversión en publicidad oficial durante 2025, año electoral, que alcanzó los $86.000 millones considerando organismos descentralizados.
La acusación se centra en la distribución arbitraria y discrecional de estos fondos públicos, que habrían beneficiado principalmente a medios cercanos al kirchnerismo como Grupo Indalo de Cristóbal López y El Destape de Roberto Navarro.
"Lo que estamos denunciando no es una discusión política sobre la pauta, sino la posible existencia de un esquema sistemático de desvío de fondos públicos mediante mecanismos que deben ser investigados penalmente", declaró Lemoine a Clarín.
Según datos de Chequeado, el gobierno bonaerense y sus organismos descentralizados como el Banco Provincia y la Lotería distribuyeron $86.000 millones en publicidad oficial en 2025, duplicando prácticamente los $41.000 millones de 2024. El incremento superó ampliamente la inflación del período.
Por su parte, la investigación de El Disenso reveló que la pauta del gobierno provincial, sin incluir descentralizados, fue de $62.450 millones en 2025, representando un aumento del 139% respecto a los $26.043 millones del año anterior.
La denuncia, radicada en la Unidad Fiscal N°11 de La Plata y el Juzgado de Garantías N°3, también incluye a la ministra de Comunicación Pública Jesica Rey y a la subsecretaria de Coordinación de Medios Mariana Inés Lopisi, así como a otros funcionarios involucrados en la distribución.
Los medios de Cristóbal López fueron los principales beneficiarios, recibiendo el 12% del total con $6.960 millones, pese a no ser los de mayor audiencia. Dentro del Grupo Indalo, C5N fue el principal destinatario con $4.025 millones, aunque su rating de 1,91 puntos fue inferior al de TN que marcó 2,40 puntos según Ibope.
Fuentes del Ministerio de Comunicación Pública aseguraron que la distribución siguió un criterio "amplio" y "plural", explicando que los criterios varían según la naturaleza de las campañas, su alcance y público objetivo. Agregaron que se procura "una distribución amplia que llegue a todos los habitantes de la Provincia" y fomente medios locales del interior bonaerense.
La denuncia de Lemoine se basa en investigaciones periodísticas que evidencian una "distribución asimétrica y presuntamente discriminatoria" de los fondos públicos, con contrataciones directas sin licitación ni concurso y sin criterios objetivos establecidos por ley.
El caso pone en el centro del debate el uso de la publicidad oficial como herramienta política en la Provincia de Buenos Aires, territorio clave para las aspiraciones electorales tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones nacionales.
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