La Iglesia católica lanzó una dura crítica contra la política migratoria del gobierno nacional, señalando que las reformas implementadas el año pasado generan "rechazo infundado y arbitrario" hacia los migrantes en las fronteras y crean un clima de "temor constante a la expulsión".
La declaración fue emitida por la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes tras un encuentro nacional realizado en Luján, donde los obispos evaluaron el impacto de las modificaciones a la Ley de Migraciones implementadas en mayo de 2025 a través del Decreto 366/2025.
El documento episcopal apunta directamente contra los operativos de control migratorio, afirmando que "parecieran responder más a una estrategia de comunicación política" que a la acción de un Estado garante de derechos. Esta crítica se suma a las tensiones crecientes entre el gobierno de Javier Milei y la jerarquía católica en diversos temas sociales.
Las reformas migratorias, implementadas mediante Decreto de Necesidad y Urgencia sin pasar por el Congreso, establecieron controles más estrictos para el ingreso y permanencia de extranjeros. Entre los cambios más polémicos se incluye la exigencia de seguro de salud o pago previo, la posibilidad de que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros, y requisitos más severos respecto a antecedentes penales.
Los obispos denuncian que estos cambios han generado "incertidumbre en los procesos de regularización" y obstaculizan el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno. La situación se agrava particularmente para las familias migrantes con personas con discapacidad, según el documento.
El comunicado también hace referencia a situaciones específicas observadas en el territorio, como el desplazamiento de personas hacia zonas de explotación de hidrocarburos no convencionales y la búsqueda de empleo en el sector portuario, donde muchos migrantes se encuentran con "un escenario hostil" y quedan expuestos a abusos.
Desde una perspectiva económica, estas medidas restrictivas podrían impactar negativamente en sectores que tradicionalmente dependen de mano de obra migrante, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra gran parte de la actividad económica y la población migrante del país.
La Iglesia contrapone a estas políticas su visión de "cultura del encuentro" frente a la "cultura del descarte", instando a reconocer al migrante no como una carga sino como "una persona con dones que enriquece a la comunidad". El documento concluye citando al Papa Francisco, quien en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado afirmó que "los migrantes y refugiados pueden convertirse hoy en misioneros de esperanza".
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