La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni se intensifica tras la presentación de su declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Para el fiscal federal Gerardo Pollicita, las explicaciones mediáticas del funcionario resultan insuficientes y los números "no cierran".
Adorni presentó de manera anticipada su declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025, confesando haber evadido impuestos durante años y mantenido US$ 506.000 en negro. Sin embargo, la Justicia Federal considera que estas explicaciones no alcanzan para cerrar la investigación.
Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, el expediente avanza hacia la firma de un requerimiento de justificación de bienes, una instancia previa en las causas de enriquecimiento ilícito. Si esta explicación no resulta suficiente, el Ministerio Público pedirá su indagatoria, trámite que debe firmar el juez Ariel Lijo.
El núcleo del problema radica en dos aspectos centrales: la incongruencia de los números y la ausencia de trazabilidad de los fondos. "Que diga años después que tenía dinero en negro, antes de ser funcionario, no lo exime de brindar explicaciones ante la justicia", enfatizaron fuentes judiciales.
En su nueva declaración, Adorni detalla la tenencia de bitcoins con rentabilidad de 300 mil dólares, otros 200 mil dólares de ahorros y dinero de la venta de un departamento. El funcionario aduce que estos ahorros fueron previos a su desempeño en la gestión libertaria.
Sin embargo, para la Justicia "no resulta suficiente" como concepto. El Jefe de Gabinete "debe demostrar la trazabilidad de esos ahorros, no alcanza con que diga que los tiene y que los hizo fuera de la función", señalaron las fuentes consultadas.
La documentación de la causa revela que Adorni tiene movimientos no declarados en más criptomonedas que las confesadas públicamente. El fiscal Pollicita busca explicaciones sobre la adquisición de 356.450 dólares y deudas por encima de los 350.000 dólares.
El año pasado, el funcionario declaró una fortuna de 107.894.833 pesos, contra 61.018.251 del período anterior. La fiscalía ahora busca determinar el incremento patrimonial en el nuevo período fiscal para establecer si existe correspondencia con sus ingresos como funcionario público.
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