La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que exija a las aplicaciones de viajes como Uber los mismos requisitos que a los taxis y remises, en un fallo que busca terminar con una década de desigualdad regulatoria en el transporte de pasajeros.
La decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo surge de una presentación del Sindicato de Choferes de Taxis contra el Gobierno porteño para que prohibiera las plataformas digitales en la Ciudad. El tribunal determinó que el servicio de las apps debe considerarse como un servicio de transporte de pasajeros bajo las condiciones actuales.
Los camaristas detectaron una "omisión" del Gobierno de la Ciudad que perjudicó tanto a los taxistas como al interés público, y ordenaron el cumplimiento de tres ejes fundamentales. En primer lugar, prohibieron al Gobierno cobrar a taxis y remises por los trámites necesarios para operar, equiparando las condiciones de competencia.
Además, ordenaron que la Ciudad inicie los procedimientos para cobrar impuestos derivados de la actividad de las plataformas digitales, una fuente de ingresos que hasta ahora permanecía sin explotar. También determinaron que el Gobierno debe fiscalizar los avisos de las apps y realizar campañas informativas sobre los riesgos y condiciones del servicio.
Para la Justicia, la ausencia de una regulación específica no genera un "ámbito de inmunidad normativa", ya que el ordenamiento impone a todo prestador de transporte el cumplimiento de exigencias mínimas de seguridad, incluyendo la licencia profesional habilitante y la contratación de seguros correspondientes.
Los jueces señalaron que durante una década el Gobierno permitió una coexistencia desigual entre taxis y apps sin sustento legal, consolidando una situación "injusta". El tribunal aclaró que su rol no es legislar sino restablecer el equilibrio, por lo que el fallo tiene carácter provisorio hasta que la Legislatura dicte una normativa específica.
Desde Uber respondieron que el fallo no modifica la operación de su plataforma ni las condiciones del servicio. "Uber no fue parte de este proceso judicial. El fallo se refiere a un litigio de larga data entre actores privados y el Gobierno de la Ciudad", explicaron fuentes de la empresa, agregando que seguirán "enfocados en ofrecer más opciones de movilidad seguras y confiables".
La decisión judicial representa un punto de inflexión en el debate sobre la regulación del transporte en la Ciudad de Buenos Aires, donde las apps operan desde 2014 en un vacío normativo que generó tensiones constantes con el sector tradicional del taxi y remise.
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