El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó una serie de peritajes contables y tasaciones de bienes en el marco de la investigación que busca determinar si se desviaron fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para comprar una mansión en Pilar y otros activos. Todas las operaciones financieras de la entidad deportiva, desde el año 2019, serán analizadas por peritos de la Corte Suprema de Justicia.
La propiedad en cuestión está registrada a nombre de la empresa Real Central SRL, del dirigente deportivo Luciano Pantano y su madre Ana Conte, señalados en la causa como presuntos testaferros del tesorero Pablo Toviggiño y Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.
El próximo lunes habrá una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal para definir la competencia del expediente, que puede permanecer en Campana o bien volver a Comodoro Py o al fuero Penal Económico. Esta definición será clave para el futuro de la investigación que involucra a la máxima dirigencia del fútbol argentino.
A partir de las pruebas que hay en la causa, el juez González Charvay dispuso un exhaustivo análisis de todos los giros de dinero de la entidad, así como de la documentación secuestrada en allanamientos, incluyendo la obtenida en la sede de la AFA a fines de marzo. El peritaje contable estará a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cuando esta misma causa tramitaba en Comodoro Py, el juez federal Daniel Rafecas ordenó una tasación que reveló que la mansión, con los vehículos de lujo incluidos, valía más de 20 millones de dólares. Ahora el magistrado de Campana no solo quiere tener esa "foto actual" de la propiedad, sino remontarse a reconstruir todo desde un comienzo.
Entre los puntos clave que deberán dilucidar los peritos se encuentra la revisión de todas las operaciones realizadas con una tarjeta corporativa American Express de la AFA, emitida a nombre de Luciano Nicolás Pantano, con el objetivo de identificar a qué correspondieron los gastos, quién los abonó y si se reflejaron adecuadamente en los estados contables de la Asociación.
Otro eje del peritaje es la relación de la AFA con la empresa TourProdEnter LLC, del exdiputado provincial Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Es la firma que intermediaba en los contratos de la entidad en el exterior y cobraba comisiones del 30%. Los peritos deberán establecer si este porcentaje se encuentra dentro de los valores de mercado usuales para este tipo de servicios.
La Justicia también tiene en carpeta la relación comercial entre la AFA y Real Central SRL (anteriormente Central Park Drinks SRL), la empresa detrás de la mansión de Pilar a la que la Asociación le transfirió millones de pesos durante los últimos cuatro años. Se investigará si las transferencias de dinero tuvieron respaldo contractual y si efectivamente existió algún servicio por el cual se realizaron los pagos.
Esta investigación representa un momento crítico para el fútbol argentino, especialmente considerando que tanto River como Boca, los clubes más poderosos del país, mantienen estrechas relaciones institucionales con la AFA. Los dirigentes de ambas instituciones, así como los de Racing, Independiente y San Lorenzo, han evitado pronunciarse públicamente sobre el escándalo, aunque en privado expresan preocupación por el impacto que podría tener en la imagen del fútbol nacional.
El peritaje contable deberá informar si los montos efectivamente ingresados a las arcas de la AFA desde 2019 se corresponden con los registros oficiales, una tarea que podría tomar varios meses y que será determinante para el futuro de la causa. La investigación no solo pone en jaque la gestión de Tapia, sino que también genera interrogantes sobre la transparencia en el manejo de los fondos que provienen de los derechos televisivos, sponsoreos y otras fuentes de ingresos del fútbol argentino.
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