La Cámara de Casación confirmó este viernes la incautación de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez para restituir al Estado $685.000 millones de pesos por el caso Vialidad.
El máximo tribunal penal del país rechazó por unanimidad todos los recursos presentados por las defensas y ratificó la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de julio pasado. La resolución establece un plazo de diez días para satisfacer la deuda, caso contrario se iniciará la subasta pública de los bienes embargados.
Los activos a incautar incluyen millones de dólares en efectivo, 213 propiedades, seis sociedades, 111 departamentos y vehículos. Del total de inmuebles, 84 pertenecen a Báez, 19 a los hijos de la expresidenta y uno a Cristina Kirchner.
La medida busca compensar los sobreprecios en 51 licitaciones y los daños ocasionados por el abandono de obras viales durante la gestión kirchnerista. Según la causa, las obras fueron adjudicadas irregularmente a empresas del grupo de Lázaro Báez en Santa Cruz.
En su última declaración jurada, Cristina Fernández declaró un patrimonio de $250 millones, argumentando que no posee otros bienes tras realizar un anticipo de herencia a favor de sus hijos. La expresidenta cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por este caso.
Desde el Instituto Patria, el entorno de Cristina Kirchner mantiene que se trata de una persecución política y judicial sin sustento legal. La defensa había apelado la medida argumentando vicios procesales, pero la Casación desestimó todos los planteos.
La resolución judicial representa un hito en el caso que investigó la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. El fallo establece que los condenados actuaron en asociación ilícita para defraudar al Estado nacional.
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