El Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo revés judicial que impacta directamente en miles de beneficiarios del Área Metropolitana de Buenos Aires. El juzgado federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello restituir el pago de las prestaciones del Programa Volver al Trabajo (VAT).
El fallo del juez Adrián González Charvay obliga a la cartera nacional a pagar la prestación de $78 mil dentro de los próximos tres días y mantener el programa hasta que haya una sentencia de fondo. La decisión beneficia especialmente a trabajadores del conurbano bonaerense que habían perdido este ingreso tras la implementación de la voucherización de planes sociales.
El pago del salario social complementario se interrumpió a principios de abril cuando el Gobierno avanzó con su política de reemplazo de transferencias monetarias por vouchers de capacitación. Este programa, creado por una ley unánime del Congreso en 2017, había reemplazado al Potenciar Trabajo y constituía un ingreso clave para familias vulnerables de la región metropolitana.
El magistrado González Charvay, quien saltó a la notoriedad pública por su intervención en causas de corrupción vinculadas con la AFA, argumentó que "el corte abrupto de la prestación compromete derechos constitucionales básicos". En su resolución citó el principio de no regresividad de los derechos sociales y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La decisión judicial señala que el programa de vouchers presentado por Milei en La Paternal "no constituye una medida equivalente a un ingreso monetario" y no garantiza condiciones mínimas de subsistencia. El fallo establece que es deber del Estado adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa organizaciones como el Evita y Somos Barrios de Pie, celebraron la resolución durante el Segundo Congreso Nacional "Papa Francisco". El secretario general Alejandro Gramajo destacó que "la justicia hace justicia" en el aniversario de la muerte del pontífice argentino.
El Ministerio de Capital Humano ya anunció que apelará la decisión, sumándose a otros recursos extraordinarios que el Gobierno presentó ante la Corte Suprema. Entre ellos, el pedido para evitar el giro de 2,5 billones de pesos a las universidades por la ley de financiamiento y la restitución de artículos de la reforma laboral bloqueados judicialmente.
La medida cautelar representa un alivio inmediato para miles de familias del AMBA que dependían de esta prestación mensual. Los dirigentes sociales calculan que la suspensión del programa había afectado a una población significativa del conurbano, donde la economía popular constituye una fuente de ingresos fundamental para sectores vulnerables.
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