El Gobierno nacional sumó otro triunfo en los tribunales en su disputa con la CGT por la reforma laboral. La Sala IV de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo determinó que los reclamos del sindicalismo contra las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo deben tramitar en ese fuero y no en la justicia laboral, como había solicitado la Casa Rosada.
Los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy declararon que la causa es "competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal", en línea con los argumentos del Poder Ejecutivo. El fallo representa un nuevo revés para la central obrera, que había logrado inicialmente la suspensión de 82 artículos de la reforma en primera instancia.
La decisión se basó en que "el Estado fue demandado en su calidad de legislador" y que corresponde a los jueces federales conocer cuando "el derecho que se pretende hacer valer está directa e inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución Nacional", según el fallo al que accedió Clarín.
El conflicto de competencias se originó cuando el juez laboral Raúl Ojeda rechazó el pedido del Gobierno de inhibirse en la causa. La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, había argumentado que no corresponde a la justicia laboral "dirimir los conflictos vinculados a resoluciones del Poder Ejecutivo".
La semana pasada, el oficialismo ya había conseguido que la Cámara del Trabajo pusiera nuevamente en vigencia la reforma laboral, mientras se resuelve el fondo de la cuestión sobre su constitucionalidad. Ahora, con este nuevo fallo, el Gobierno logra que el debate se traslade a un fuero que considera más favorable para sus intereses.
El fiscal Rodrigo Cuesta había dictaminado esta mañana que el caso debía seguir en la Justicia del Trabajo, al considerar que las normas cuestionadas se insertan en "materia propia del derecho del trabajo". Sin embargo, los camaristas adoptaron un criterio contrario y calificaron de "irregular" el trámite del juez laboral.
Para los gremios porteños y del conurbano, especialmente aquellos con fuerte presencia en el AMBA como los metalúrgicos, gastronómicos y de la construcción, este fallo complica sus estrategias legales contra una reforma que consideran regresiva para los derechos laborales en la región metropolitana.
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