La justicia federal desestimó por "inexistencia de delito" la denuncia penal contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, presentada por presuntas irregularidades en una licitación de $700 millones para el mantenimiento de los jardines de la Casa Rosada y la quinta de Olivos.
El fiscal federal Ramiro González pidió desestimar la causa porque la licitación "se encuentra aún en una etapa preliminar" y los hechos denunciados "no exhiben indicios" que permitan sostener la existencia de una conducta penalmente relevante. El dictamen fue presentado ante el juez federal Sebastián Ramos, quien debe cerrar el caso.
La denuncia había sido presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, quien sostuvo que se cometieron irregularidades porque se presentaron dos empresas del mismo grupo: "La Mantovana de Servicios Generales SA" y "Grub SA", ambas pertenecientes a "Grupo Buena Vista SA", lo que según la legisladora eliminaba la competencia.
La licitación pública N.º 23-0005-LPU26 busca contratar el mantenimiento integral de los espacios verdes de Casa Rosada y Olivos por 12 meses con opción a prórroga. Según pudo establecer la Fiscalía, fueron nueve las empresas que se presentaron al llamado, donde "La Mantovana" ofertó $769.200.000 y "Grub S.A." $690.000.000.
Para González, el hecho de que dos empresas pertenezcan al mismo grupo "no constituye por sí misma una irregularidad" porque el decreto que regula la licitación establece que ninguna oferta puede ser desestimada en el acto de apertura, quedando las observaciones sujetas al análisis posterior de las autoridades competentes.
El fiscal destacó que la licitación está en trámite y en análisis de la Comisión Evaluadora, por lo que "no existe dictamen de evaluación" ni adjudicación alguna. Además, señaló que el ordenamiento contempla vías administrativas idóneas para revisar cualquier decisión que se considere improcedente.
Pagano había ampliado su denuncia original señalando presuntas relaciones familiares entre funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia y personas vinculadas a las empresas participantes. Sobre este punto, González indicó que se trata de "hechos distintos" a la licitación y que, de considerarlo necesario, el juez Ramos podría iniciar otra causa penal.
La decisión judicial llega en un momento de particular tensión política en la Ciudad de Buenos Aires, donde las obras públicas y los contratos de mantenimiento han sido objeto de escrutinio constante por parte de la oposición. El caso refleja las disputas internas que atravesó La Libertad Avanza tras las elecciones, con varios dirigentes que se alejaron del espacio oficial.
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