El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) dio inicio este viernes al juicio oral por las causas Hotesur SA y Los Sauces S.A., dos empresas vinculadas a la familia Kirchner. La audiencia, que se extendió desde las 10 hasta las 13 horas con un cuarto intermedio de 20 minutos, marcó el comienzo formal del debate tras la reciente decisión de la Cámara de Casación Penal de unificar ambos expedientes en un solo proceso.
La lectura del requerimiento de elevación a juicio, firmado en 2018 por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, detalló en 264 páginas las maniobras investigadas. La fiscalía, representada en el juicio por Diego Velasco, atribuyó a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner, junto a otros 31 imputados, la formación de una organización criminal diseñada para lavar dinero de origen ilícito.
Según el escrito, la estructura operó durante más de doce años con una sincronizada división de roles dentro y fuera de la administración pública nacional. El objetivo, según la acusación, fue sustraer fondos del Estado y reciclarlos en el patrimonio privado de la familia presidencial. Se determinó que la inmobiliaria fue el vehículo para blanquear más de 25 millones de pesos.
El presidente del TOF 5, José Michilini, junto a sus pares Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, informó que la lectura de la acusación de Los Sauces demorará los diez días hábiles que reclaman algunas defensas. Este plazo, contemplado en el Código Procesal Penal, es necesario para que las partes se preparen antes de comenzar a escuchar los hechos investigados en Hotesur. Esta decisión alteró el cronograma original de tres audiencias semanales, estableciéndose ahora una frecuencia de dos encuentros semanales.
La audiencia se realizó a solo tres días del fallo de Casación que ordenó el juicio unificado. Cristina Kirchner siguió la sesión desde San José 1111, mientras que Lázaro Báez lo hizo desde el penal de Ezeiza. Ambos se encuentran presos en cumplimiento de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, juzgada en el caso Vialidad. El juicio se reanudará el próximo lunes.
El requerimiento describe el contexto de las operaciones de blanqueo como negocios entablados con empresarios amigos. La estructura de lavado de activos se instauró en base a dos fuentes de financiamiento: un grupo de empresas perteneciente a Lázaro Báez y otro a Cristóbal López y Fabián De Sousa. La ex presidenta escuchó nuevamente la acusación de defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Comentarios