La tercera audiencia del juicio por Hotesur-Los Sauces dejó al descubierto, según la fiscalía, la etapa final del circuito de lavado: la familia Kirchner habría retirado más de $10 millones de la firma inmobiliaria Los Sauces.
El debate oral y público, reanudado el lunes a las 10 de la mañana, tiene como principales acusados a Cristina y Máximo Kirchner por asociación ilícita y lavado de activos; a la ex mandataria también se le atribuye el delito de dádivas.
El Tribunal Oral Federal 5, integrado por José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni, juzga dos expedientes: Los Sauces, centrado en el blanqueo inmobiliario, y Hotesur SA, vinculado a la actividad hotelera.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Diego Velasco y reemplazado en las últimas dos audiencias por Marcelo García Elorrio, concluyó la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Allí se detalló el paso a paso del circuito de blanqueo realizado con la firma inmobiliaria.
Según la imputación, Cristina y Máximo Kirchner se hicieron de fondos provenientes de Lázaro Báez y Cristóbal López, empresarios favorecidos con contratos, concesiones y beneficios impositivos, y a los que se les habría borrado el origen espurio mediante el esquema de reciclaje.
La pieza acusatoria identificó la tercera etapa del lavado como la instancia de agotamiento del delito: el patrimonio espurio habría ingresado directamente a los bolsillos de la exfamilia presidencial mediante devoluciones de créditos, salarios, directorios o gastos particulares pagados con dinero de la sociedad.
El rol de los dos conglomerados fue clave. Entre 2009 y 2016, las firmas de Báez y López inyectaron en Los Sauces $25.968.042, un flujo que representó más del 88% de la facturación global de la inmobiliaria familiar.
En el caso del Grupo Báez, constructoras como Loscalzo y Del Curto, Kank y Costilla y, de forma predominante, Austral Construcciones alquilaron departamentos en Río Gallegos a valores inflados y sin garantías contractuales.
La gerenciadora hotelera Valle Mitre, propiedad de Báez, recibió más de $70,9 millones de las constructoras y derivó fondos a Los Sauces mediante el hotel La Aldea del Chaltén, cuyo costo de compra se recuperó en apenas cinco meses.
Paralelamente, el holding de Cristóbal López y Fabián De Sousa operó a través de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia. Estas firmas canalizaron pagos millonarios por oficinas y departamentos en el complejo Madero Center.
Según el Tribunal de Tasaciones, los sobreprecios en Madero Center se estimaron entre el 100% y el 150%. Incluso se facturó el alquiler de espacios comunes y amenities respecto de inmuebles que De Sousa ya ocupaba a título personal.
Con esa masa de dinero asegurada, la imputación buscó mostrar el cierre del circuito de lavado y la apropiación final por parte de la exfamilia presidencial.
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