El requerimiento de elevación a juicio en la causa Los Sauces comenzó a leerse el viernes en la primera audiencia del juicio oral y continuó este lunes en el Tribunal Oral Federal 5.
La lectura del requerimiento en el debate por Hotesur-Los Sauces reforzó el concepto que Cristina Kirchner intentó desligar: las acusaciones ubicaron a Lázaro Báez como “amigo personal y socio comercial de los ex presidentes”.
Según la acusación, el puntapié inicial fue la formación de una sociedad comercial que permitiría a los integrantes de la familia Kirchner diseñar y ejecutar una maniobra de lavado de activos con empresarios amigos.
Esa afirmación desarma la frase de Cristina Kirchner: “Nunca fue mi socio, no somos amigos ni lo seremos”. La justicia no juzga la amistad, pero da por corroborada la sociedad que posibilitó un incremento patrimonial mutuo.
La acusación reconstruyó el mecanismo: antes de devolver fondos, hubo una sustracción de recursos del erario público.
El empresario, que al asumir Néstor Kirchner en 2003 era un empleado bancario, pasó a concentrar el 80% de los contratos viales santacruceños por más de 16.000 millones de pesos a valores históricos.
Una vez garantizado ese flujo desde la Dirección Nacional de Vialidad, Báez actuó como constructor cautivo de la familia.
En noviembre de 2008, el matrimonio presidencial aportó a Los Sauces dos terrenos en Río Gallegos valuados en 13.500 pesos cada uno.
La constructora Loscalzo y Del Curto, de Báez, levantaba allí dos complejos de cuatro departamentos con un 60% de avance de obra y facturó a la sociedad familiar 4.185.683,65 pesos por las edificaciones.
La fase definitiva del reciclaje se completó con la simulación de contratos de arrendamiento que alimentaron las cuentas bancarias de la expresidenta y sus hijos.
Apenas terminadas las obras, Báez alquiló todos los departamentos a través de sus firmas y administraba el Hotel La Aldea del Chaltén mediante la gerenciadora Valle Mitre.
Así se aseguró un circuito cerrado: Báez ofició de financista del capital inicial, constructor de las propiedades y locatario cautivo para devolver los fondos públicos con ropaje de alquileres legítimos.
La instrucción comprobó que esa etapa fundacional se desplegó en simultáneo a que, desde el Estado, los ex presidentes garantizaban a las empresas del Grupo Báez el mayor flujo de fondos por la asignación de obra pública vial en Santa Cruz.
Eso quedó acreditado en la causa conexa por fraude a Vialidad Nacional. Las cifras del expediente reflejan “exactitud” la correlación entre las decisiones del Poder Ejecutivo y el crecimiento patrimonial familiar.
Entre 2006 y 2008, las compañías del Grupo Austral resultaron adjudicatarias de contratos viales en suelo santacruceño por más de tres mil millones de pesos; al dictarse la condena del caso Vialidad, la cifra se actualizó a 85.000 millones de pesos.
En ese lapso, y a partir de sucesivos cruces y transacciones con las empresas del contratista, se completó el circuito que la acusación describe como devolución de fondos públicos al patrimonio de la familia Kirchner.
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