En una decisión inédita, el juez Marcelo Aguinsky reclamó que se ponga fecha al juicio oral por la Mafia de los Contenedores, una investigación iniciada hace diez años que involucra a 98 imputados —entre ellos 45 funcionarios aduaneros— y un perjuicio estimado para el Estado de 300 millones de dólares. El magistrado del fuero Penal Económico advirtió sobre la urgencia de concentrar esfuerzos judiciales en esta causa, mientras el contrabando avanza y se registran movimientos preocupantes en la estructura de la Aduana.
El planteo de Aguinsky se produjo luego de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, con la firma del juez Jorge Alejandro Zabala, decidiera postergar sin fecha el inicio del debate oral que estaba previsto para esta semana. La causa, elevada en junio de 2024, permanece en un limbo judicial pese a su magnitud: abarca 68 cuerpos de expediente, anexos de investigación y unos 1.500 contenedores vinculados a maniobras de contrabando agravado.
"Sin duda es allí donde el Poder Judicial debe volcar sus esfuerzos para luchar contra el contrabando", advirtió Aguinsky en su resolución. El juez contrastó la dimensión de esta causa con otra menor que llegó a su juzgado: un caso de 58 sábanas, 20 frazadas y 15 colchas de origen chino, valuadas en $840.736. La comparación expone, según el magistrado, la necesidad de actualizar los parámetros legales que determinan la gravedad económica de las maniobras de contrabando.
El reclamo judicial coincide con una situación que generó alarma entre fuentes del fuero: la eventual designación del abogado Rodrigo Peydro como nuevo Director General de Aduana. Peydro es defensor de varios verificadores imputados en la causa de la Mafia de los Contenedores, lo que plantea un potencial conflicto de interés. El mes pasado, José Velis presentó su renuncia como titular de la Aduana, aunque hasta ahora no fue aceptada.
En paralelo, se produjo otro movimiento que llamó la atención en el ámbito judicial: fueron removidas las abogadas de la Aduana que impulsaron la denuncia original que dio origen a la causa. Según fuentes judiciales, la semana pasada las letradas recibieron una intimación para pasar a una categoría inferior o quedar a disposición de Recursos Humanos para ser trasladadas desde el área de Legales a otro sector del organismo.
Los 45 funcionarios aduaneros imputados están acusados de haber facilitado el ingreso irregular de contenedores mediante maniobras de subfacturación, ocultamiento y falsificación de documentación. La investigación, que comenzó en 2016, reveló un esquema de corrupción que habría operado durante años en las terminales portuarias de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, permitiendo el ingreso de mercadería sin el pago de los tributos correspondientes.
En su fallo, Aguinsky sostuvo que el contrabando "erosiona la recaudación fiscal, promueve la competencia desleal, precariza el empleo, oscurece la trazabilidad de las operaciones y dificulta la seguridad y control sobre los productos que se comercian". El juez advirtió que los montos previstos en las figuras penales han quedado desactualizados frente a la magnitud de las operaciones actuales.
La causa principal permanece sin fecha para el inicio del juicio oral, mientras crecen las denuncias por contrabando y se profundizan las tensiones internas en la Aduana. El reclamo de Aguinsky pone en evidencia la paradoja de un sistema judicial que procesa casos menores con celeridad, mientras las grandes causas de corrupción aduanera quedan postergadas indefinidamente.
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