La causa judicial más mediática contra los dirigentes del fútbol argentino vivió un parate de cuatro meses que benefició a los investigados. El juez federal de Campana, Adrián Charvay, se quedó con la investigación de la Quinta de Pilar el 20 de enero pasado y desde entonces los avances fueron prácticamente nulos.
La maniobra comenzó en diciembre con un extraño correo electrónico que Luis Pantano le envió a Charvay, con aparentes sugerencias del propio juzgado. El mail pedía que le quitara la causa al juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico, quien tenía contra las cuerdas a los dirigentes de la AFA.
Aguinsky había reunido evidencia sólida para demostrar una supuesta administración fraudulenta en torno a la mansión que peritos judiciales valuaron en US$20 millones. La investigación apuntaba a probar que ni Pantano ni su madre jubilada Ana Lucía Conte eran los verdaderos dueños de la propiedad.
El magistrado había demostrado que gran parte de los gastos de la quinta se pagaron con una tarjeta corporativa de la AFA que usaba Pantano. Los consumos incluían autos de lujo, caballos y hasta el aterrizaje de helicópteros en la propiedad de Villa Rosa.
A principios de año, Aguinsky estaba cerca de involucrar como imputado a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, como posible verdadero dueño de la quinta. Esto convertiría a Pantano y su madre en testaferros del dirigente.
Sin embargo, con ayuda del camarista de San Martín Alberto Lugones, Charvay tomó la causa y la investigación se estancó. Durante cuatro meses no hubo avances significativos, sorpresas ni nuevas evidencias que comprometieran a los acusados.
La estrategia de Charvay consistió en volver a pedir medidas de prueba que ya existían, como ordenar un nuevo peritaje contable para, eventualmente, desmentir los montos ya calculados en el juzgado de Aguinsky. En la jerga judicial, esto se conoce como "congelar la investigación".
Fuentes de la Cámara Federal de Casación confirmaron que no tenían una buena opinión sobre el manejo de la causa, más allá de los fundamentos dados para el traspaso.
Durante 2025, Pantano realizaba consumos mensuales de $50 millones con una tarjeta corporativa American Express de la AFA. Entre los gastos se incluían peajes y seguros de los 54 vehículos de lujo secuestrados en la mansión.
Desde el juzgado de Charvay se defienden asegurando que avanzaron con varios informes periciales que "podrían sostener" una indagatoria. Afirman haber pedido medidas contra los más de 80 bienes de la empresa Real Central de Pantano y solicitado el levantamiento del secreto bancario.
"Tenemos 230 cajas de documentación del allanamiento en la sede de Viamonte de la AFA, más informes de la IGJ y el ARCA. Justo nos sacan la causa cuando estábamos cerca de entender el origen del dinero", se quejan desde el juzgado de Campana.
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