El exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, cambió su estrategia defensiva y designó a un nuevo abogado para enfrentar las causas judiciales que se tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py y San Isidro por sus supuestos vínculos con el empresario Fred Machado.
Hasta ahora, la representación legal de Espert había estado a cargo de Alejandro Freeland y Santiago Kent, quienes intentaron sin éxito unificar los expedientes en una sola sede judicial. A partir de ahora, el penalista Claudio Lamela se hará cargo de la defensa del economista en ambas causas.
El cambio de abogado se produce en un momento clave de las investigaciones, luego de que Machado cerrara un acuerdo en Estados Unidos donde se declaró culpable de lavado de activos y estafa, evitando ser condenado por narcotráfico. Desde el entorno de Espert evitaron hacer comentarios sobre si la decisión responde a un nuevo enfoque legal o está vinculada con las novedades del caso Machado.
Claudio Lamela es un penalista con amplia trayectoria en la función pública. Hasta 2008 se desempeñó como secretario del Juzgado Federal N° 5, donde investigó las cuentas bancarias atribuidas al expresidente Carlos Menem en Suiza, trabajando bajo las órdenes de los jueces Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo.
Tras dejar el Poder Judicial, Lamela fue asesor en el Banco Central durante la gestión de Martín Redrado, llegando a ocupar el cargo de gerente de Asuntos Penales durante cuatro años. También tuvo un paso por el Senado de la Nación, donde trabajó en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y colaboró con la Comisión de Reforma del Código Penal.
Como defensor, Lamela representó al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de Once. Además, es profesor de grado y posgrado en la Universidad del Salvador, la Universidad del Museo Social Argentino y ESEADE.
El domingo, el presidente Javier Milei volvió a defender públicamente a Espert en sus redes sociales, asegurando que "hicieron mierda a un tipo inocente" y denunciando una "operación política y mediática infame" en su contra. Sin embargo, las investigaciones judiciales continúan su curso normal.
En San Isidro, el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez investigan si los 200.000 dólares que Espert recibió de Machado -y que no declaró- provienen de actividades ilegales. Se trató de una primera cuota de un contrato firmado en 2019 por un millón de dólares para prestar servicios de asesoría a una empresa minera guatemalteca.
Paralelamente, en Comodoro Py, el juez Marcelo Martínez De Giorgi investiga el supuesto financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2019, cuando Espert compitió para ser presidente. Este expediente se enfoca en los vuelos privados que Fred Machado le proveyó a Espert, además de la entrega de una camioneta blindada.
Ambas causas siguen en pleno proceso de instrucción y ninguno de los jueces ha llamado a indagatoria al imputado. La Justicia mantiene congelados los bienes del exlegislador, quien debe pedir permiso en Tribunales para usar los fondos de sus cuentas bancarias.
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