A 70 años de la masacre de José León Suárez, comenzará un juicio histórico que busca reconocer como crímenes de lesa humanidad los fusilamientos perpetrados por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu en la madrugada del 9 y 10 de junio de 1956.
El proceso, impulsado por familiares de las víctimas y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Martín, se desarrollará bajo la modalidad de Juicio por la Verdad a cargo de la jueza federal Alicia Vence, del Juzgado Federal N° 2 de San Martín. Al estar los imputados fallecidos, no habrá condenas efectivas.
Las audiencias se realizarán los días 17, 18 y 19 de junio a las 9:30 en el Auditorio Hugo del Carril, ubicado en Sáenz Peña 4151, a pocos metros del lugar donde ocurrió la masacre que inmortalizó Rodolfo Walsh en su libro "Operación Masacre".
"Mi papá era un trabajador ferroviario, un militante social y político. Sin un juicio, sin ninguna intervención, lo asesinaron en un basural, por el hecho simple de tener una idea diferente al gobierno de facto de Aramburu y Rojas", afirma Berta Carranza, hija de Nicolás Carranza, una de las cinco víctimas fatales.
Junto a Carranza fueron asesinados Carlos Lizaso, Vicente Damián Rodriguez, Francisco Garibotti y Mario Brión. Otros siete hombres sobrevivieron a la balacera, entre ellos Juan Carlos Livraga, conocido como "el fusilado que vive" según la crónica de Walsh.
Adriana Moyano de Lizaso, cuñada de una de las víctimas, sostiene que "el tiempo no pudo borrar la sangre, ni la complicidad pudo apagar la búsqueda incansable de la verdad". Por su parte, Alicia Rodriguez, hija de Vicente Damián Rodriguez, recuerda: "Con 10 añitos, fusilaron mi niñez, adolescencia y madurez".
Los doce hombres habían sido detenidos por un escuadrón policial al mando del Jefe de la Policía de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez, acusados de participar del levantamiento dirigido por el General Valle. Fueron trasladados desde la Unidad Regional San Martín hasta los basurales de José León Suárez para ser ejecutados.
El proceso judicial toma como referencia el Juicio de Napalpí, el primero en considerar como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos contra comunidades indígenas. Alberto "Pepe" Palacio, abogado querellante, explicó que "se llevó adelante un proceso judicial para determinar la verdad" y que tomando esos antecedentes presentaron la denuncia en junio de 2022.
Para la querella, los fusilamientos constituyen crímenes de lesa humanidad porque, además de afectar a las víctimas directas y sus familias, tuvieron consecuencias sobre la sociedad argentina en su conjunto. "Todo el pueblo argentino, y en particular el pueblo peronista se sintió dolido por estos actos tremendos", sostuvo Palacio al referirse al impacto de los delitos cometidos por la dictadura conocida como "La fusiladora".
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